El Gobierno andaluz aprobará en breve un decreto para legalizar las viviendas consideradas irregulares hasta ahora en Andalucía. Un antes y un después en la política de disciplina urbanística, porque aunque seguirán los controles, posiblemente esto será interpretado como una señal de relajamiento para aquellos que construyen fuera de la norma. Lo anunció ayer el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en su discurso del Debate del estado de la Comunidad, un parlamento de una hora y cuarto de duración en el que presentó un largo pero fino paquete de medidas económicas y sociales, y en el que, sobre todo, realizó una defensa del Estado del bienestar. 

Frente a las críticas que este sistema está generando en los últimos meses, Griñán aseguró que es sostenible y que quienes se oponen a éste son aquéllos "cuyo bienestar no depende del Estado". También marcó distancias con el Banco Central Europeo, con el Banco de España y con la propia Comisión Europea cuando aseguró que "Andalucía está convencida de que las cosas se pueden hacer de otra manera" en clara referencia a la gestión de la crisis. Y es que Griñán quiso hacer ayer su discurso más socialdemócrata en unos momentos marcados por una crisis muy dura y cuando él y el lehendakari Patxi López son los dos únicos presidentes socialistas de comunidades que quedan en España. "He vivido estos problemas como los peores de mi larga experiencia política", señaló el presidente, y en una de sus frases más significativas explicó el curso de la economía: "Estamos mejor que hace un año, pero peor de lo que nos gustaría e, incluso, peor de lo que esperábamos". 

En su defensa del Estado del bienestar, cuantificó por primera vez la renta media que una familia andaluza recibe al mes entre educación, sanidad y servicios sociales: unos 13.000 euros al año, 1.000 euros al mes. 

Entre las medidas, hay de todo. Algunas de ellas, como la de las ayudas de los 400 euros para los parados que deseen finalizar sus estudios, ya fueron anunciadas; otras, como la del decreto de artesanía alimentaria, es de un calado no muy profundo para el actual contexto de crisis; varias deben ser entendidas como un guiño al movimiento del 15-M, y algunas casi suponen una enmienda a la totalidad a políticas anteriores de la Junta. Éste es el caso del decreto de regularización de viviendas, que únicamente dejará fuera de la ley aquellas casas construidas en suelos protegidos y en zonas inundables. Según los cálculos de la Junta, en la comunidad hay unas 300.000 viviendas irregulares, aunque Izquierda Unida las eleva hasta una cifra cercana a las 400.000. 

Desde la llegada de la nueva consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz Villalón, a este departamento, se venían anunciado planes de regularización en comarcas como la Axarquía, pero ahora se convertirá en una norma general. Según Griñán, construir hoy viviendas ilegales en la comunidad "es prácticamente imposible" y no "van a bajar la guardia" en este sentido, pero su Gobierno sí aprobará este decreto de regularización. "No se trata -explicó el presidente- de una amnistía general; será una regularización que dará respuestas a los ayuntamientos a través del planeamiento urbanístico en unos casos o mediante expediente iniciados a solicitud de cada propietario, en otros". 

Hasta ahora, los fiscales andaluces de medio ambiente venían solicitando penas para los cargos públicos -en especial, alcaldes- que habían permitido o autorizado la construcción de viviendas en suelos rústicos y no urbanizables, incluso con independencia de si eran terrenos protegidos o no, y además instaban a la demolición del inmueble como único modo de restaurar el bien protegido. Ahora, muchas de estas viviendas se regularizarán, como ya se ha hecho en la Axarquía o en municipios como Marbella o Chiclana. 

Algunos miembros del Gobierno andaluz entienden que esta medida va a beneficiar a personas -extranjeros, por ejemplo- que compraron casas sin saber que eran irregulares, pero lo cierto es que hay amplias zonas de Andalucía, en el litoral, en la Axarquía o en la zona del Almanzora, donde se construyó a la luz del día, sin licencia y sin previsión de servicios por parte de los ciudadanos. 

La medida de mayor contenido presupuestario es la de un plan de obras para colegios e institutos, que está dotada con 200 millones de euros y que proceden de una reasignación de otros programas. Según Griñán, este fondo será una suerte de plan de empleo que beneficiará a parados de larga duración. En el plano fiscal, la Junta introducirá una desgravación en el tramo autonómico del IRPF para las obras que se realicen en la vivienda propia con el objetivo de mejorar la eficiencia energética o eliminar barreras arquitectónicas.