Una semana después de plantear la imputación de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la juez Mercedes Alaya ha vuelto a dar un nuevo giro a la instrucción del escándalo de los ERE al decidir abrir una nueva línea de investigación para tratar de esclarecer el presunto desvío de fondos destinados para cursos de formación del sindicato UGT y que habrían acabado en manos del conseguidor y ex miembro de esta organización Juan Lanzas Fernández.

La juez ha abierto unas nuevas diligencias previas, las quintas que surgen a raíz de las irregularidades detectadas en su día en la empresa pública mixta Mercasevilla, y las ha declarado secretas, con lo que a partir de ahora sólo la propia Mercedes Alaya y la Fiscalía Anticorrupción tendrán acceso a las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por lo que se refiere a esta nueva línea.

Según confirmaron a este periódico fuentes de la investigación, las nuevas diligencias previas se remontan a la operación Heracles, realizada en marzo pasado por la Guardia y que acabó con la detención de 22 personas y la práctica de al menos 13 registros domiciliarios. Esta operación se centró en el pago de sobrecomisiones vinculadas a las pólizas de las prejubilaciones financiadas por la Junta de Andalucía y la instructora elevó a 7,6 millones las comisiones que habrían percibido los sindicatos UGT y CCOO. Alaya cifró en 51 millones las sobrecomisiones que habrían percibido las consultoras Vitalia y Uniter.

De hecho, en un auto dictado a principios de junio pasado, la juez consideró que las pesquisas de la Guardia Civil habían acreditado que con el importe pactado de las sobrecomisiones no sólo se podían abonar "suculentos honorarios" a Juan Lanzas, sino que utilizar parte de estas cantidades millonarias, "financiadas ilícitamente con fondos públicos, para gratificar indiciariamente de manera continuada a sindicatos y a ciertos responsables de la Administración", entre ellos el ex director general de Trabajo Javier Guerrero.

Ahora la juez Alaya ha abierto unas nuevas diligencias previas para tratar de determinar si determinadas partidas destinadas para la realización de cursos de formación por parte del sindicato UGT fueron a parar al ex conseguidor de los ERE Juan Lanzas y a otros imputados próximos a su entorno, precisan las fuentes.

Alaya ha comunicado la apertura de la nueva línea en un auto dictado el asado 12 de septiembre, en el que la instructora cita un nuevo oficio presentado por la Guardia Civil en el que se pone de manifiesto que esta unidad ha "continuado profundizando en las investigaciones que se derivaron del atestado policial 33/2013" -el que sirvió de base para la operación Heracles-. Del oficio, Alaya deduce la existencia de unos hechos "que pudieran ser constitutivos de nuevos ilícitos penales, así como la constatación de nuevas líneas de investigación distintas de las llevadas a cabo en la presente causa", por lo que ha acordado deducir testimonio de las actuaciones practicadas durante los cuatro meses que la investigación de los ERE permaneció declarada secreta -coincidiendo con su baja por enfermedad- y ha incoado las nuevas diligencias, que ya han sido declaradas secretas.

En estas nuevas diligencias, señala Alaya en su resolución, se practicarán "cuántas gestiones se consideren oportunas para la averiguación de los hechos y la identidad, en su caso, de los presuntos responsables". Juan Lanzas permanece en prisión desde su detención, en marzo pasado, y recientemente la juez ha accedido a rebajar a 300.000 euros su fianza para poder salir de la cárcel en libertad provisional. La instructora definió a Lanzas en el auto de prisión como el "amigo de la Administración" y aseguró que había ganado más de 13 millones en sobrecomisiones a través del entramado societario de empresas pantalla que, según la magistrada, este imputado creó para ocultar estos cuantiosos ingresos. Alaya también le atribuyó haber intervenido en la inclusión de 24 intrusos en las pólizas de los ERE, entre los que se encuentran él mismo, su esposa y dos cuñados.

Ésta es la quinta causa que abre la juez Mercedes Alaya desde que en 2009 inició la investigación por el cohecho de Mercasevilla, el único caso que ha llegado a juicio y que ha terminado con la condena del ex delegado de Empleo Antonio Rivas y de los ex directivos del Mercado Fernando Mellet y Daniel Ponce a pagar una multa de 600.000 euros y a 21 meses de inhabilitación por haber exigido el cobro de una comisión a unos hosteleros a cambio de regentar una escuela de hostelería.

Las otras causas que permanecen abiertas se refieren a un posible delito societario en Mercasevilla, a la presunta venta fraudulenta de los suelos de este Mercado, y el voluminoso sumario de los ERE, que supera ya los 27.000 folios.