El dragado del río Guadalquivir recibió ayer en el Consejo de Participación de Doñana un durísimo varapalo, no sólo del propio órgano del espacio natural, sino también de la Junta de Andalucía, que expresó claramente su rechazo.

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, alegó "importantes deficiencias técnicas". En declaraciones a los periodistas antes de asistir al Pleno extraordinario del Consejo de Participación de Doñana que se celebra en Aznalcázar, Serrano indicó que el Proyecto de Defensa de la Margen derecha del Guadalquivir, elaborado para efectuar el dragado, "no justifica la solución aportada y no tiene en cuenta los costes totales de la obra durante su vida útil". En declaraciones recogidas por Efe precisó que "tampoco contempla los posibles efectos del cambio climático en su diseño y no es coherente con el dictamen de la comisión científica que se reunió para el estudio de las afecciones del dragado del Guadalquivir ni con los planteamientos de planificación integral necesarios antes de acometer cualquier trabajo aislado".

Serrano puntualizó además que lo presentado "incumple" lo establecido en la condición número 8 de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida por el Ministerio de Medio Ambiente en 2003 para el proyecto del dragado del río y por sus costes ambientales y económicos y "no tiene en cuenta la información aportada por los expertos en esta materia". Por último, ha recordado que la Junta de Andalucía es "desfavorable" al proyecto del dragado del río: "Tenemos la idea plenamente asumida de que no podemos autorizar nada dentro de nuestras competencias que ponga en riesgo medioambiental el estuario del Guadalquivir y la protección de Doñana".

Además, recordó que, tras el informe del Consejo, la Consejería debe emitir una resolución que actualmente se encuentra suspendida al haberse puesto en conocimiento del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la "necesidad" de que la DIA, de 2003, recoja la nueva normativa. Por otro lado, remarcó, "tampoco sabemos si la legislación de puertos ha emitido los informes necesarios".

El rechazo de la Consejería, anticipado a la entrada del pleno extraordinario del Consejo de Participación, fue ratificado por el órgano del espacio natural. A excepción del apoyo de la Confederación de Empresarios de Andalucía y la abstención de CCOO, el resto de las formaciones rechazaron el proyecto. Y aunque el dictamen del sanedrín es preceptivo pero no vinculante, nadie pone en duda que será "en la práctica imposible" sacar adelante un proyecto que cuente con la oposición frontal de los municipios, agentes sociales, ecologistas y la propia Administración autonómica.

La negativa del Consejo de Participación de Doñana al Proyecto de Defensa de la Margen derecha del Guadalquivir no ha sorprendido a ninguno de los actores puesto que estos mismos argumentos ya se pusieron encima de la mesa con motivo de las última comisiones de trabajo de Agua y Biodiversidad. Básicamente la comisión de expertos apuntó que una actuación de esta envergadura conllevaría una repercusión "negativa en la dinámica, morfología y biodiversidad del estuario" del Guadalquivir.

Según los estudios, el aumento de la profundidad necesaria para que el río soporte la llegada de grandes buques que diesen sentido a la nueva exclusa en la que el Puerto de Sevilla ha invertido 200 millones de euros incrementaría el aporte de entrada de agua de mar, que como consecuencia de las corrientes en sentido ascendente y descendente inundaría el caudal del río andaluz, salinizando en exceso sus aguas y poniendo en riesgo todo el ecosistema que lo circunda.