El pasado año, 411.300 parejas se casaron en la provincia de Sevilla pero 4.365 pusieron fin a su matrimonio. Lo que Dios o la mera voluntad de las partes une, el hombre tiene la posibilidad de separarlo. El concepto del matrimonio para toda la vida ha cambiado, tal como apunta María Pérez Galván, abogada especializada en Derecho de Familia. La filosofía hoy es "hasta que el amor dure". No obstante, algunos expertos también indican que la situación económica ha influido a la hora de convivir y en la tramitación del divorcio. Como dice el refranero popular, "cuando el dinero sale por la puerta, el amor salta por la ventana".

El número de sentencias de nulidades, separaciones y divorcios sufrió en 2014 un repunte, aumentando un 7,5% con respecto al año anterior en el caso de Sevilla, y un 5,6% a nivel andaluz, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El informe publicado señala que en el 36% del total de los casos sevillanos, la pareja llevaba menos de diez años casada. Concretamente, la duración media de los matrimonios disueltos por divorcio fue de 15,4 años, mientras que la de los matrimonios separados se sitúa en los 22,2 años. Este dato desciende hasta los 7,4 años de media cuando se trata de una nulidad.

Lo que no contempla este estudio son las rupturas de las parejas de hecho. El pasado año, 56.700 hombres y mujeres se registraron como pareja de hecho en la provincia de Sevilla. Pérez Galván recuerda que su situación también se regula en los Juzgados de Familia cuando se dispone de una vivienda o de hijos en común. El proceso, además, según señala la letrada, no se resuelve del mismo modo en Andalucía que en Cataluña, por ejemplo, ya que cada comunidad tiene su propia norma y las parejas registradas en Andalucía no tienen los mismos derechos que en otras comunidades autónomas.

En cuanto a la edad de los cónyuges, según los datos del INE, el mayor número de divorcios se registró en la franja de edad entre los 25 y los 44 años; mientras que en el caso de las separaciones, el perfil sube hasta los 45 y 64 años. La letrada María Pérez Galván es más concisa, y habla de parejas, en su mayoría, "entre los 35 y 45 años con dos hijos y con una hipoteca común". "En España hay una cultura bárbara por comprar una casa y no se apuesta por el alquiler", apunta la abogada especialista en Derecho de Familia. "La vivienda siempre es un problema para llegar a un acuerdo. Si no hay nada que liquidar, mucho mejor. Los problemas vienen por el dinero".

En este sentido Pérez Galván reconoce que en los últimos años existe "una mayor conciencia" de la problemática que supone distribuir el patrimonio común, por eso la letrada aconseja que las parejas se asesoren antes de adquirir alguna propiedad, estén o no casados legalmente.

Con la entrada del llamado Divorcio Express en 2005, ya no hace falta estar separado previamente ni presentar una mínima causa, como una infidelidad. Además, los costes y la duración del proceso se redujeron notablemente. Esto hizo que las sentencias de divorcios se dispararan llegando en 2006 hasta las 6.131 disoluciones matrimoniales en Sevilla, 25.338 en toda Andalucía. A partir de esta fecha, estas sentencias comenzaron a descender, con un leve repunte en 2010 y 2012.

Algunos expertos en la materia ven en la crisis el motivo de este descenso, que tocó suelo en 2013, con 4.061 sentencias en la provincia. "Acabar con el matrimonio supone duplicar las economías", ya que, al menos, uno de los dos cónyuges abandona el domicilio familiar y debe buscar otra vivienda, según señala Salomé Pérez, directora de Mediación Faypa, centro especializado en la atención integral de los conflictos familiares. A esto hay que sumar los costes del proceso y las posibles pensiones alimenticias y compensatorias a la que uno debe hacer frente.

Esta psicóloga y mediadora familiar reconoce que ha tratado casos en los que, una vez divorciada, la pareja seguía viviendo bajo el mismo techo, ya que no conseguían vender la casa común. Salomé Pérez admite que en estos casos la convivencia es muy complicada porque "no hay una ruptura real del matrimonio" y uno no puede avanzar en su nueva vida.

La abogada María Pérez Galván, por el contrario, no cree que la crisis pueda estar detrás de este descenso, así como en el repunte de 2014 -que, de continuar, podría ser indicativo de una mejoría de la economía familiar, según señalan algunos expertos en la materia-, aunque tampoco tiene otra explicación. "Cuando la pareja se ha roto, la rabia y el dolor hacen que la convivencia sea insostenible", manifiesta. "En estos casos, la solidaridad familiar ha sido muy importante durante la crisis y muchos han regresado a casa de sus padres o de algún familiar". Y matiza: "El que quiere divorciarse de verdad no escatima en mil euros".

La letrada sevillana sí considera, por otro lado, que la situación económica de la pareja ha influido a la hora de presentar una demanda de divorcio, sobre todo, cuando el desempleo afecta al hombre: "Antes, la mayor causa de divorcio era la infidelidad y ahora los problemas económicos", explica. "Ellas son el sostén de la economía familiar y ellos, quizás por una falta de educación, se sienten impotentes e incapaces de llevar a cabo las labores domésticas, siendo ellas las que asumen finalmente los gastos, el cuidado de los hijos y las labores de la casa". María Pérez apunta que tiene muchas quejas de este tipo de mujeres entre los 30 y 40 años, que dicen que "el marido se han convertido en un nuevo hijo".

Asimismo, la abogada especializada en Derecho de Familia con más de 30 años de experiencia afirma que son muchos los profesionales del sector que han detectado un incremento de infidelidades por parte de "mujeres mayores de 40 años con el profesor de pilates" o de alguna otra actividad, del mismo modo que antes el tópico era la infidelidad del hombre con su secretaria. "He tenido casos en los que el hombre ha necesitado tratamiento psicológico porque no puede asumir la infidelidad de su mujer y, socialmente, le resulta vergonzoso", reconoce.

Hoy, la tramitación de un divorcio cuesta entre 900 y 3.000 euros, dependiendo del "trasfondo del caso y los intereses en juego", según los cálculos de María Pérez Galván. A esto hay que sumar las minutas de los abogados y el procurador, no así las tasas judiciales impuestas por Alberto Gallardón y que eliminó a su llegada al Ministerio de Justicia Rafael Catalá. Si la ruptura es de mutuo acuerdo, el proceso será más corto y económico que si es contencioso. En este sentido, en Sevilla, cerca del 76% de los divorcios y separaciones registrados en año pasado fueron de mutuo acuerdo.

En el caso de que la pareja tenga niños y la custodia no sea compartida, el juez dictamina una pensión alimenticia que puede oscilar, según la letrada sevillana, entre un mínimo vital de 150 euros por niño hasta los 1.000. "No hay nunca dos casos iguales y son muchos los factores a tener en cuenta, pero, sobre todo, se analizan las circunstancias de los obligados al pago, el tiempo que la madre dedica al menor y las necesidades reales del niño", aclara María Pérez.

En 2008, el que fuera juez de Familia Francisco Serrano fijó una pensión para un niño de dos años de 3.500 euros al mes, dado el importante patrimonio de su padre. Expertos en Derecho de Familia consideraron entonces esta cuantía excesiva y, finalmente, la Audiencia Provincial la rebajó un tercio. En este sentido, la letrada sevillana alerta de que "en algunas ocasiones, una alta pensión alimenticia puede estar encubriendo una pensión compensatoria para la madre".

Éstas eran antes muy habituales, ya que muchas de las mujeres eran amas de casa y se habían dedicado al cuidado de los hijos durante el matrimonio. Con la incorporación de la mujer al mercado laboral y su independencia económica, las pensiones compensatoria comienzan a ser "residuales", apunta Pérez Galván. La situación ha dado un giro y hoy "son muchos los hombres en paro que podrían solicitar esta pensión compensatoria pero no lo hacen por vergüenza". Los últimos datos del INE indican que sólo en el 9% de los jueces de Familia de Sevilla fijaron una pensión compensatoria en 2014; y en el 95% de ellas el pago de ésta fue asignado al esposo.

Desde la empresa Mediación Faypa, con cerca de 15 años de experiencia en el campo de la mediación familiar, apuntan que en las peticiones de custodia compartida, a veces, "puede haber una segunda intención, como no contribuir a una pensión alimenticia", señala su directora, Salomé Pérez Pichardo. "Lo consideran un alivio económico pero no miran por el bienestar del menor".

El pasado año, el 11% de las custodias que se concedieron en los casos de parejas de diferente sexo fueron compartidas, mientras que en el 84% de los casos se la concedieron a la madre. El dato provincial de la custodia compartida es inferior al nacional, que se sitúa en el 21%. "La custodia compartida no es ni buena ni mala. Lo importante es la relación que mantenga la pareja", señala la psicóloga y mediadora Salomé Pérez. "Todo depende de cómo se quiere educar a los hijos y en la implicación de cada progenitor. Si entre los padres hay una guerra viva, ésta continuará en la educación de sus hijos". Para esta profesional la clave está en el "buen entendimiento y la voluntad".

Expertos recomiendan observar la actitud del menor tras la separación

Un divorcio no tiene por qué suponer "un trauma en un menor por sistema", todo depende de si los padres tienen "un buen nivel de comunicación", factor en el que la mediación familiar juega un papel importante. Para la psicóloga y mediadora Salomé Pérez Pichardo la comunicación en la pareja es clave para que sus hijos no sufran tras la separación. "Hay que tratarlos con la mayor naturalidad, no desatenderlos y evitar que ellos se sientan culpables de la ruptura", apunta. Pérez Pichardo, directora de Mediación Faypa, un centro de atención integral al conflicto, descarta llevar al menor al psicólogo "por sistema". Esta profesional recomienda observar al menor y comprobar si está "triste, irascible, si baja su rendimiento escolar si tiene dificultades para atender o para conciliar el sueño o si se produce un retroceso y se vuelve a hacer pipí en la cama, por ejemplo", apunta. Salomé Pérez reconoce que existe una polémica en torno al Síndrome de Alienación Parental (SAP), proceso en el que uno de los progenitores manipula a los hijos para que odie y tema a uno de sus padres y afecta, principalmente. Éste se vincula, sobre todo, con parejas que se enfrentan a una separación contenciosa. Hay quien niega su existencia, como Salomé Pérez, que asegura que el SAP se "defiende más dentro del mundo jurídico que entre los profesionales". "Es evidente que algo ocurre, pero esto es una situación extrema. No creo que se pueda considerar una cuestión clínica, un síndrome", apunta. El centro Mediación Faypa, ubicado en la Ronda de Pío XII, atiende a unas 350 familias al año, a las que le ofrece asesoramiento y orientación familiar, además de terapia. Aquí, no sólo tratan problemas conyugales, sino cualquier conflicto familiar.

Denuncian la saturación de los Juzgados de Familia

"Los Juzgados de Familias están saturados". La abogada sevillana María Pérez Galván alerta de esta situación, agravada tras la "despenalización" del incumplimiento de los regímenes acordados tras el divorcio. Según explica esta letrada especialista en Derecho de Familia, antes, las faltas como el incumplimiento del régimen de visitas del menor o de la pensión alimenticia eran tramitadas por un juez de Instrucción. Estos asuntos han pasado a ser competencia de los Juzgados de Familia, donde también se atienden los casos de parejas que, pese a no estar casadas legalmente, tienen en común algún patrimonio o hijos. "El trabajo de los Juzgados de Familia se han duplicado, están saturados", apunta María Pérez. "Hace falta que se creen más Juzgados de Familias, incluso, provinciales". En este sentido, la abogada señala que mientras en Sevilla capital los divorcios y separaciones de mutuo acuerdo se solucionan en "tres o cuatro meses", en municipios como "Lora del Río y Sanlúcar la Mayor, la carga de trabajo de los juzgados hace que los procesos se alarguen dos años", lo que supone un "agravio comparativo". "Dos años de espera es muy duro. Cuando la pareja se ha roto, la convivencia es insostenible y se dan muchos casos de violencia", apunta María Pérez, que defiende la creación de un Juzgado de Guardia que atienda, principalmente, el incumplimiento por parte de uno de los dos cónyuges de las medidas determinadas por el juez. "Un padre no puede estar dos o tres meses sin poder ver a su hijo porque su ex pareja no cumple el régimen de visita", puntualiza.