Desconfianza en los socios

LA cumbre mantenida esta semana en Bruselas por los jefes de Gobierno de los 27 países de la Unión Europea (UE) ha confirmado lo que las reiteradas declaraciones de algunos gobiernos del centro y el norte de Europa vienen dejando claro desde hace meses: que no confían en el manejo de las finanzas públicas de un puñado de países del Mediterráneo.

El tratado internacional al que se han adherido los países -excepto el Reino Unido, por su falta de encaje en la UE y la República Checa, a la que todavía le pesan las invasiones sufridas en las dos guerras mundiales del siglo pasado- tiene como objetivo, en teoría, reforzar la estabilidad y el crecimiento económico, consagrando estos principios en las constituciones de los respectivos países y estableciendo un sistema de multas para los incumplidores.

Pero una vez leído el texto es evidente que está claramente definida la medida tendente a la estabilidad fiscal, pero el crecimiento no aparece por ningún sitio. Respecto de la primera se afirma que las finanzas públicas deberán estar en equilibrio o presentar un déficit máximo del 0,5%.

La teoría y lo que la Historia nos ha mostrado en innumerables ocasiones nos indican que es imposible no sobrepasar ese límite cuando los países sufren recesiones prolongadas, especialmente, cuando son provocadas por factores financieros o por shocks desde el lado de la oferta (petróleo, etc.). La medida ignora completamente las enseñanzas keynesianas renovadas durante los últimos decenios. En particular, la conveniencia de suavizar los ciclos económicos con medidas contracíclicas para evitar tanto recesiones profundas como expansiones inflacionarias no sostenibles utilizando políticas monetarias y fiscales.

Ni siquiera un compromiso firme de no superar ese objetivo tendría éxito en todos los casos, aunque sólo fuera por los errores estadísticos de medición que se comenten en el corto plazo. Por el contrario, el acuerdo debería haber mencionado las fluctuaciones cíclicas de la economía y la necesidad de respuesta de las autoridades con las políticas mencionadas.

Los presupuestos de los países son sostenibles a largo plazo si el volumen de recursos que se dedica a infraestructuras y a I+D (investigación y desarrollo) son suficientes para estimular el crecimiento de la productividad y la innovación de los agentes con independencia de los déficits que, en el corto plazo y con carácter temporal, puedan aflorar.

Como contraste, las medidas referentes al crecimiento están ausentes. Aunque se hace referencia a un fondo de 80.000 millones de euros, esos recursos ya existían, no se trata de dinero nuevo. Su volumen, por lo demás, sólo representa unas décimas del Producto Interior Bruto (PIB) comunitario: una gota de agua en medio del océano.

Todo esto rezuma austeridad alemana que no resuelve sola y por sí misma la crisis que padecemos. Esperemos que el día 23 de febrero, cuando la Comisión Europea haga públicas sus previsiones de crecimiento, propicie también una revisión de los objetivos de déficit ajustados a la nueva situación.