la tribuna

Antonio Santana Gómez

La Junta, entre ideología y (dura) realidad

HABIENDO superado ya el hito de las elecciones locales, con el sonoro aldabonazo dado en los equilibrios políticos hasta entonces existentes, Andalucía se adentra en la carrera de fondo que concluirá con las elecciones autonómicas. La situación política, económica y social no puede ser más preocupante, ya que, siendo los problemas de una extrema gravedad, no se atisban con claridad ni las soluciones ni el camino que haya que recorrer para llegar a ellas.

Y en medio de ese panorama desalentador, la impresión que se transmite desde el Gobierno autonómico -al menos a ojo de quien esto suscribe- es de un absoluto conformismo, incluso de apatía. Parece como si, ante las próximas elecciones, se haya decidido que es mejor no hacer nada antes que correr el riego de hacer algo que resulte electoralmente inconveniente.

El anteproyecto de Ley para adaptar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante, LOUA) a la Ley de Suelo estatal puede ser un buen ejemplo de ello. Se trata de un texto que, si bien da cumplimiento a un mandato legal de coordinación entre norma estatal y autonómica, no afronta uno de los problemas fundamentales que impiden que el mercado inmobiliario turístico se reactive con fuerza: el de la seguridad jurídica.

Debe recordarse que cuando desde el Ministerio de Fomento se ha promovido una campaña internacional de difusión de las excelencias de nuestra abultada oferta inmobiliaria costera, la respuesta que ha obtenido -al menos en los medios británicos- ha consistido en desaconsejar ninguna compra en suelo hispano mientras se corra el riesgo de que, por cualquier ilegalidad cometida por cualquier ente público o privado en no se sabe qué momento, se pueda desproveer al comprador de su inmueble sin garantías de obtener la indemnización sustitutoria.

Y ése es el gran problema: nadie va a comprar nada si uno ya no puede fiarse ni del Ayuntamiento que concede la licencia de primera ocupación, ni de la Administración autonómica que tenía que supervisar que no se cometieran irregularidades y que, por descuido o por voluntad expresa, ha hecho durante mucho tiempo dejación de esos deberes. Si, además y a estos efectos, es irrelevante la inscripción registral mantenida en el tiempo y no impugnada, es absolutamente lógico que un extranjero tenga todas las reservas del mundo a la hora de efectuar cualquier inversión, ya para un finalidad doméstica, ya para una empresarial (y los nacionales nos tentamos la ropa y miramos todo cien veces).

En un panorama como el andaluz en el que el gran problema no es la falta de suelo clasificado, sino el exceso de oferta inmobiliaria, ¿no sería imprescindible intentar solucionar los referidos déficits de seguridad jurídica? Pues parece que no, que lo básico es hacer más transparente la revisión del planeamiento general, regularizar las edificaciones ilegales (curiosa manera de penalizar al que ha respetado la norma y que, por ello, no ha construido en suelo no urbanizable) o potenciar la figura del agente urbanizador, desprendiéndolo de rémoras indeseables.

Y no es que ello no sea importante, que lo es, sino que sin seguridad jurídica no se podrá reactivar el mercado... y sin mercado, no hay riqueza... y sin riqueza no hay nada que repartir. En definitiva, que para distribuir hay que generar. Si nos preocupamos por lo primero y descuidamos lo segundo, nos vamos a encontrar sin lo uno y sin lo otro. Y, entonces, ¿qué va a ser de nosotros?... siempre nos quedará la emigración a los países o regiones que sí han afrontado sus retos y les han dado respuesta.

¿Es eso lo que quiere nuestro Gobierno autónomo? Me resisto a creerlo, pero la apariencia es que está guiado por una concepción según la cual la realidad debe adaptarse a su personal configuración de lo que el mundo debe ser. El tratamiento que desde la Junta de Andalucía se está dando a cuestiones como el urbanismo (también, por ejemplo, la minería) evidencia una falta de voluntad para extraer todo su valor potencial, aplicando -al menos, así parece- una especie de libro de dogmas sobre una realidad mucho más fluida, que como tal se resiste a verse atada por prejuicios ideológicos o por esquemas que se aplican por mera inercia. Y todo esto, en medio de una de las crisis económicas más profundas que hemos conocido seguramente en el último siglo. Esta falta de interés en la eliminación de los frenos que impiden la efectiva dinamización de los valores potenciales de nuestra comunidad es un lujo que un gobernante, en los momentos actuales, no puede permitirse.

Sinceramente creo que los hechos son tozudos y que las instituciones, a lo más que pueden aspirar, es a encauzar las corrientes económicas existentes; si, por el contrario, se dedican a fustigarlas y a quebrantar su lógica de actuación, lo que éstas hacen es dirigir su atención a otros destinos y abandonar los hostiles. ¿Ése es nuestro futuro? Espero que no.

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