Las familias afectadas por el desalojo de 11 viviendas de Sport Aljarafe, dañadas por el movimiento de la ladera en la que se asienta la urbanización de Tomares, llevan un año negociando con el Ayuntamiento una expropiación pactada que ponga fin a la situación que arrastran desde hace un lustro.

No obstante, el proceso en el que habían puesto sus esperanzas tras firmar un convenio con el Ayuntamiento ha encallado porque no tienen el aval de ningún organismo competente para seguir con todas las garantías jurídicas.

En estas circunstancias, este miércoles han pedido una reunión con el concejal de Urbanismo, Miguel García de la Rosa, para analizar si esta vía puede desbloquearse o hay que buscar una alternativa. Las primeras cuatro casas fueron desalojadas por riesgo de derrumbe en abril de 2015 y las restantes en noviembre de 2016.

Según Pilar López, la abogada que asesora a los afectados, las negociaciones se iniciaron hace un año. El gobierno local había propuesto en 2018 la expropiación como salida, pero los vecinos consideraron que las cantidades que se les ofrecían eran bajas. En tanto que había voluntad de llegar a acuerdos y evitar más perjuicio a los afectados cuando la solución técnica al problema de la ladera tardará, se empezó a negociar.

Un borrador de convenio desde mayo

A finales de mayo se firmó un borrador del convenio con el Ayuntamiento, en el que se pactaban unas cantidades por vivienda un 30% superiores a las que inicialmente se ofrecían y que, según insiste López, son fruto de distintas formas de calcular la compensación en un proceso de este tipo de manera algo más ventajosa para las familias, afectadas por un “problema sobrevenido” del que no tienen culpa. Aún así, necesitan el aval de un organismo superior.

La Comisión Provincial de Valoraciones, que suele tener la última palabra en cualquier proceso expropiatorio y a la que se ha acudido, deriva a la Consejería de Economía y Hacienda y desde ésta a la Delegación de la Agencia Tributaria, que también ha informado de que no es competente. De ahí que se haya solicitado esa reunión con el responsable de Urbanismo, que quieren tener cuanto antes teniendo en cuenta que el acuerdo ha sido posible por la implicación del actual gobierno y temen que la dimisión del alcalde, José Luis Sanz (PP), previsible candidato a la Alcaldía de Sevilla en las próximas elecciones, y la reestructuración en Tomares lo retrase todo.

"Desesperanzados y agotados"

“Después de cinco años, los vecinos están desesperados, desesperanzados y agotados”, subraya López, que señala tanto el “desgaste emocional como el económico”. En el primer aspecto, recuerda que las casas desalojadas están cada vez peor, periódicamente entran okupas, hay robos con los que se han perdido incluso la mitad de los puntales de seguridad que se instalaron, además de griferías, aires acondicionados y carpinterías.

Las familias siguen teniendo en esas casas enseres que no pudieron sacar y han pedido la reactivación de la mesa de seguridad que garantice que al menos cese el vandalismo. Como la zona está apuntalada y teóricamente sólo puede entrar personal autorizado, a veces ni la policía saber cómo actuar cuando acude.

En el aspecto económico, hay cuatro familias que todavía están haciendo frente al pago hipotecas de viviendas en las que no pueden residir, otras han terminado de pagarlas en estos años. Son cantidades muy altas, porque se compraron también con precios altos. El propio Defensor del Pueblo Andaluz, que está acompañando y apoyando a las familias en todo el proceso, ha mediado con las entidades bancarias para renegociar esas hipotecas.

Pero, más allá de mostrar predisposición, los bancos supeditan cualquier decisión al acuerdo con el Ayuntamiento de Tomares, de ahí la importancia de que se cierre cuanto antes. También siguen pagando impuestos por ellas, aunque tras la declaración de ruina y la devaluación del valor de las casas, el IBI que venían abonando disminuyó.

La abogada de los afectados de Sport Aljarafe señala además que, por el momento, no tienen plazos de cuándo podrán llevarse a cabo los trabajos de estabilización en la ladera que se anunciaron, tras los primeros desalojos y declaración de ruina. En tanto que hay informes contradictorios sobre las soluciones técnicas, el Ayuntamiento ha encargado un informe definitivo a una comisión de expertos. Mientras, las casas siguen deteriorándose.

Además de las 11 casas que están desalojadas, hay otras seis que tienen muchas grietas. La inquietud entre estos propietarios también es grande, conscientes de que deben invertir en mantenimiento pero con el temor de correr la misma suerte que las otras si no se toman medidas eficaces para atajar el problema.