El Ayuntamiento de Bormujos podría verse obligado a demoler o a reformar sustancialmente, con el consiguiente sobrecoste, el cerramiento que ha hecho en la trasera de la nave municipal de obras y servicios, que ha costado unos 90.000 euros. Así lo advirtió este martes la portavoz del PP, Mercedes Lidueña, que aseguró que hay tres informes -del arquitecto, de la Secretaría y de la Intervención- que concluyen que la obra incumple las normas urbanísticas de Bormujos y se habría producido un sobrecoste en la valoración de materiales. Por estos hechos, Lidueña pide la dimisión del alcalde, Francisco Molina, y la delegada de Obras y Servicios, María del Carmen Garfia. El gobierno local (PSOE-Participa Bormujos), consultado al respecto, se limitó a asegurar este martes que el expediente sigue abierto y que no debe pronunciarse hasta que concluya.

Según Lidueña, la construcción del cerramiento -que antes era una valla metálica- se acometió en diciembre, según cree, para agotar un dinero del presupuesto antes de que finalizara el ejercicio. El gobierno encargó el proyecto a una empresa externa por más de 5.000 euros. Pero asegura que no fue visado por los técnicos municipales. El arquitecto, de hecho, no se pronunció sobre la obra hasta que, en febrero, se lo requirió el interventor y antes de dar el visto bueno a las certificaciones de obras que estaban llegando. En ese documento se constata que la construcción de hormigón supera la altura permitida en el PGOU de Bormujos. Es de 3,02 metros, cuando lo permitido para llegar a esa altura es sólo un metro y el resto, en su caso, de valla o similar.

El PP, que justo ahora ha podido consultar un expediente que lleva pidiendo desde hace meses, asegura además que se ha detectado un supuesto "sobrecoste" de 14.716 euros "en las partidas de hormigón, pavimento antideslizante y placas alveolares". En estas circunstancias, el secretario emitió otro informe en abril en el que determina que hay que restrablecer la legalidad urbanística incumplida, en este caso, por la propia administración encargada de velar por que se cumpla. Es decir, habría que demoler lo construido.

Lidueña adelantó que los servicios jurídicos del PP están estudiando emprender "acciones legales" por lo ocurrido que, en cualquier caso, debería tener consecuencias políticas, por el "grave perjuicio económico" ocasionado a las arcas municipales y la "ilegalidad cometida", dijo. Así lo trasladará además en el próximo Pleno, aunque ya en otros anteriores había preguntado por este expediente.