Alaya embarga un inmueble de CCOO en Madrid para cubrir la fianza de un sindicalista

La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha acordado el embargo de un inmueble propiedad de CCOO en Madrid para hacer frente a la fianza civil impuesta al secretario general de la Federación Minerometalúrgica de Andalucía de esta organización, Manuel Roberto Carmona Soto, que fue detenido en octubre de 2013 en el marco de la segunda fase de la operación Heracles contra el cobro de sobrecomisiones vinculadas a los ERE.

En un auto dictado el pasado 13 de febrero, el juzgado que dirige Mercedes Alaya decreta, en concreto, el embargo de un inmueble propiedad de CCOO ubicado en la calle Manuel Cortina número 11 de Madrid. En la resolución, Alaya recuerda que en noviembre pasado se concedió un plazo de diez días al sindicato para designar bienes de su propiedad para trabar el embargo, una vez decretada la responsabilidad civil subsidiaria de CCOO respecto a la fianza de 471.352 euros impuesta a Manuel Roberto Carmona Soto, y añade que la Federación Minerometalúrgica de CCOO señaló este inmueble de la organización para prestar esta garantía. El piso embargado tiene una superficie de 121,29 metros cuadrados y pertenece a la Federación Minerometalúrgica de CCOO, que lo adquirió en 2005 y, según la organización sindical, la finca está valora en la compra realizada ese año en 514.579,04 euros.

Alaya recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Civil señala que en el supuesto de que se creyese que los bienes señalados por el imputado "no son suficientes, se embargará además los que considere necesarios", pero también señala la norma que se establece una relación u orden en el embargado "si bien procurando tener en cuenta la mayor facilidad de su enajenación y la menor onerosidad de ésta para el ejecutado", principio que, según la instructora, son los que se tienen que barajar y combinar en esta resolución. Por ello acuerda el embargo del inmueble designado por el sindicato "en suficiente cuantía hasta cubrir las cantidades de 471.352 euros".

La fianza civil impuesta se corresponde con los 354.400 euros abonados por la consultora Uniter a CCOO más la factura abonada al sindicato por el bufete Estudios Jurídicos Villasís, incrementado en el tercio correspondiente, todo ello en relación con el ERE de la Faja Pirítica de Huelva.

La juez explicó en otra resolución que Salvador Mera y Roberto Carmona, en su condición de secretario general de UGT en Cádiz y de la Federación Minerometalúrgica de CCOO, respectivamente, se dirigieron en 2006 o 2007 al dueño de la consultora Uniter, José González Mata, para solicitarle que les hiciera entrega de "ciertas sumas de dinero a sabiendas que las comisiones de las mediadoras procedían de fondos públicos para paliar los gastos que habían tenido los sindicatos con motivo" del ERE en la Faja Pirítica de Huelva. Esos gastos, precisaba Alaya, se corresponderían con "viajes, manifestaciones, concentraciones, asambleas, reuniones informativas y demás gastos de convocatoria, pero sin que ninguno de esos conceptos respondiera a gastos necesarios soportados realmente". Esas cuantías fueron admitidas, proseguía la instructora, por el también imputado en la causa José González Mata para "retribuir el papel del sindicato como facilitador del proceso, pues conocía las consecuencias de lo contrario".

Alaya apuntaba que llegaron a un acuerdo para que tanto UGT como CCOO recibieran sendos pagos de 180.000 euros cada uno. Salvador Mera se puso en contacto con la secretaria general de la Federación Estatal de Industrias y Afines, Francisca Victoria Sánchez Chinarro, quien ordenó que el pago a UGT se efectuara a través de la empresa Temiqui, a la que se transfirieron entre mayo de 2007 y febrero de 2008 un total de 188.762,90 euros.

UGT y CCOO recibieron de Uniter 3,2 millones y de Vitalia otros 4,2 millones durante la pasada década, lo que eleva el total recibido por ambas organizaciones sindicales a 7,6 millones a cargo de las "sobrecomisiones abonadas por la Junta".