La gerente de La Almoraima califica de "absurdo" incluirla en el Parque Natural
Isabel Ugalde insiste en que "la finca estará mucho más protegida cuando esté en manos privadas". Crespo habla de "capricho" y pide a Susana Díaz que "reconduzca a la situación".
"Incluir la totalidad de La Almoraima en el Parque Natural Los Alcornocales es absurdo y va en detrimento de todos los ciudadanos españoles", afirmó ayer Isabel Ugalde Ruiz de Assin, gerente de La Almoraima S. A., la empresa pública que gestiona la finca situada en Castellar de la Frontera.
La Junta de Andalucía oficializó el martes su intención de ampliar los límites del Parque de Los Alcornocales para impedir la privatización de la finca con una rueda de prensa de María Jesús Serrano, consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y con la publicación ayer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del acuerdo suscrito por el Consejo de Gobierno por el que se aprueba la formulación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque de Los Alcornocales. Sin embargo, Ugalde aseguró a Efe que las autoridades autonómicas "no pueden hacer lo que quieran, porque hay que cumplir unas características de necesidad de especial protección" de las que esta finca a su juicio carece.
La Almoraima, un latifundio de 14.113 hectáreas de titularidad pública desde 1983, está integrada en este parque natural salvo en un 10 % de su superficie, unas 1.350 hectáreas para las que el Gobierno central ha preparado un Plan Especial de Usos. En la actualidad, los principales ingreos que genera la finca proceden de la venta del corcho.
Este plan, que ha sido rechazado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Castellar "por defectos de forma y por no cumplir con los requisitos legales", según explicó el alcalde Juan Casanova (IU) a la agencia Efe, prevé la venta de la finca mediante subasta pública por un precio de salida de 300 millones de euros para la construcción en este espacio de un aeródromo, un hotel de cinco estrellas, un campo de polo y dos de golf.
Para Ugalde, que asistió ayer a la Conferencia Internacional Alcornocales y sector corchero en Madrid, la venta de la finca "pretende reducir el déficit público" mediante un proyecto turístico "perfectamente compatible con el aprovechamiento sostenible del terreno" ya que "no tiene sentido que el Estado se dedique a explotar el corcho, plantar algodón o criar dos mil vacas".
La gerente recalcó, en una de las escasas declaraciones que ha realizado desde el inicio de esta polémica, que "la finca estará mucho más protegida cuando esté en manos privadas" puesto que el inversor que la adquiera estará obligado a desarrollar "un proyecto selectivo e integrado en la naturaleza" y garantizar "un plan de inversión a largo plazo".
Asimismo, Ugalde subrayó que, desde la expropiación de la finca a Rumasa en 1983 -año en que fue expropiada a la sociedad Rumasa, perteneciente a José María Ruiz Mateos, tras un polémico contencioso judicial que encabezó Felipe González en los años-, La Almoraima "se ha gestionado muy mal en todos los aspectos", por los que ha detectado errores contables, de gestión de edificios, de ganadería y de sanciones administrativas.
En esta misma línea se pronunció ayer la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, que calificó de "capricho" el acuerdo de la Junta de Andalucía, al tiempo que pidió a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "reconducir el tema por el bien de todos los andaluces".
En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Crespo se mostró "sorprendida" por cómo "se utiliza un tema desde el punto de vista de la confrontación", puesto que la ampliación del Parque Natural "se podría haber acordado, si era con criterios objetivos, hace 25 ó 30 años". Sin embargo, "lo están haciendo en un momento donde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente quiere enajenar esa finca", como "también lo han hecho ellos".
Además, Crespo afirmó que las condiciones en "que va a enajenar La Almoraima el Ministerio son las mismas que el uso del suelo establece para la finca". "Se puede hablar de mucho, dialogar y trabajar con lealtad institucional, pero lo que no se puede es poner chinitas en el camino, en un momento donde hay unas ventajas muy importantes para Andalucía", subrayó.
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