Las declaraciones del candidato del PSOE al Congreso por Sevilla Alfonso Guerra sobre la supuesta "relación personal fuerte" de la juez Mercedes Alaya con el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, han vuelto a situar a la instructora de casos de corrupción como el de Mercasevilla y los ERE en el ojo del huracán en plena campaña electoral. No es la primera vez que el nombre de la magistrada irrumpe con ímpetu en unas elecciones. Ocurrió también en las municipales del 22 de mayo, cuando Alaya hizo pública la citación a declarar como imputado del entonces primer teniente de alcalde y socio de los socialistas en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos. La notificación de esa citación a los abogados -y por tanto a la opinión pública por la difusión de los medios de comunicación- se produjo a tan sólo dos días de la jornada de reflexión y no fue un descuido o una filtración improvisada.

Mercedes Alaya había firmado la providencia en la que fijaba la fecha de esa declaración una semana antes de las elecciones, por lo que la instructora conocía que el contenido de la misma se haría público en la campaña. No resulta verosímil, como aseguran algunos compañeros de Alaya, que la instructora está tan inmersa en la exhaustiva investigación que lleva a cabo, que no repara en el calendario de citaciones y comparecencias. Esto tampoco significa que la juez deba quedarse parada por el mero hecho de que haya un proceso electoral, pero no hubiera pasado nada si la notificación de la declaración del concejal de IU se hubiera llevado a cabo a partir del 23 de mayo, dado que había tiempo suficiente para que se le comunicara a todas las partes.

En la actual campaña, la juez ha vuelto a actuar de una manera similar. A sólo dos días de la jornada de reflexión ha convocado una vista para decidir sobre la imposición de una fianza a los 13 primeros imputados por el cobro irregular de prejubilaciones vinculadas a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Tras las declaraciones de Alfonso Guerra, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acudió en amparo de la magistrada sevillana, al recordar que es natural y necesaria la crítica a las resoluciones judiciales, pero "no resultan de recibo" las referencias que invaden la esfera personal, con descalificaciones veladas o explícitas e insinuaciones "claramente vejatorias" para la magistrada por su condición de mujer.

Tampoco es la primera vez que la juez Alaya lucha contra los elementos desde la soledad de su despacho en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Desde que inició la investigación del caso Mercasevilla, la instructora ha tenido que hacer frente a la recusación que planteó una imputada que consideraba que su imparcialidad podía haberse visto afectada por el hecho de que su marido trabajó en una empresa que auditó a la sociedad Mercasevilla hasta el año 2001. Esa recusación fue apoyada incluso por la Fiscalía de Sevilla, tras haber cambiado de forma ilógica su criterio inicial, en el que entendía que no había motivos para apartar a Alaya de la investigación. La Audiencia de Sevilla avaló entonces a la juez, en un auto en el que puso de manifiesto que la defensa actuó de "mala fe" por plantear una recusación sobre "meras conjeturas o suposiciones" sin consistencia alguna.

El segundo enfrentamiento importante de la juez Alaya en los últimos meses y del que también salió victoriosa se produjo a raíz del conflicto con la Junta de Andalucía por la entrega de las actas de los consejos de Gobierno celebrados desde el año 2001 y que la instructora entiende que son necesarios para esclarecer si el Gobierno andaluz "amparó" el acuerdo por el que se abonaron las ayudas a las prejubilaciones, entre las que aparecieron los denominados intrusos que nunca habían trabajado en las empresas donde se hicieron los ERE. Después de un rifirrafe jurídico que se prolongó durante meses, la juez, que inicialmente obligó a la Junta a entregar las actas -que fueron custodiadas en un armario en el juzgado de guardia-, tuvo que devolvérselas a la Administración por orden de la Audiencia de Sevilla. El conflicto se saldó finalmente por el Tribunal Supremo, que respaldó rotundamente la decisión de la juez Alaya y ordenó a la Junta la entrega de los documentos solicitados.

A lo largo de estos meses, la juez ha demostrado que conoce o ha aprendido a manejar los tiempos informativos, hasta el punto de que recientemente ha elegido para la práctica de las diligencias relacionadas con los ERE los jueves, un día que concentra un mayor interés de los periodistas puesto que de lunes a miércoles se está celebrando en la Audiencia el juicio por el asesinato de Marta del Castillo.

Otro dato avala este conocimiento, puesto que cuando la juez se vio obligada a tramitar el conflicto de jurisdicción de las actas y a remitir el caso al Supremo, la magistrada acordó esta medida en un auto en el que volvió a lanzar una andanada contra el Gobierno andaluz. En esa resolución que inicialmente debía limitarse a tramitar el conflicto, la juez sostuvo por primera vez que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, tuvo conocimiento cuando fue consejero de Economía de los "reparos" que realizó la Intervención de la Junta al pago de las prejubilaciones. En otras fases de la instrucción, Alaya ha criticado la colaboración de la Junta, al afirmar que la documentación que la Administración le remite sobre los expedientes de las prejubilaciones no es más que un "cúmulo de folios desordenados, inconexos y repetidos".

Para muchos compañeros de Alaya, la juez es la parte más débil en esta pugna con la Administración, pero lo cierto es que la magistrada sabe defenderse por sí misma y que, en lo que va de instrucción, su actuación ha sido ya respaldada por tres instancias superiores: la Audiencia de Sevilla, el Tribunal Supremo y esta misma semana por el CGPJ, el máximo órgano de gobierno de los jueces.