Carlos Leal dirigía el "centro de lavado" de las comisiones de Lanzas

La juez Mercedes Alaya, que la pasada madrugada decretó la puesta en libertad bajo fianza de 150.000 euros del abogado Carlos Leal Bonmati, considera que éste prestó su bufete Estudios Jurídicos Villasís como "centro de lavado" de las comisiones cobradas por el conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas, a cuyo entramado de empresas este despacho abonó 1.156.131 euros mediante "facturas falsas por servicios inexistentes".

En el auto que decreta la puesta en libertad con cargos de Carlos Leal, al que la juez imputa hasta ocho delitos -entre ellos prevaricación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales-, la instructora sostiene que a través de las facturas elaboradas por uno de los testaferros de Lanzas, el letrado "blanquearía las ganancias ilícitas obtenidas" por el ex sindicalista, todo ello a cambio de la "contraprestación oportuna", que para la juez no es otra que el binomio "clientes y dinero", dado que el testaferro Eduardo Leal del Real, que sigue en prisión, entregaría "sobres con dinero" a Carlos Leal.

Dice la magistrada que el bufete se habría convertido en un centro de blanqueo de las ganancias de "su empleado", en alusión a Lanzas, elaborando facturas falsas con la finalidad de "borrar el origen ilícito del dinero obtenido por éste, basado en comisiones ilícitas por su presunto tráfico de influencias, gran parte de las cuales tendrían su origen en fondos públicos". Para la juez, era tal la "cobertura a todos los niveles" que ofrecía Villasís a Lanzas que "sólo puede pensarse en una distribución de ganancias entre ambos".

La instructora entiende que Leal, "valiéndose de sus contactos e influencias" participó desde 1999 en determinados procesos de negociación y concesión de ayudas sociolaborales instrumentados a través de pólizas de renta o bien intervino en el proceso posterior, cuando la ayuda ya había sido comprometida, con la constitución de asociaciones de ex trabajadores que el propio abogado imputado considera que equivalían a los "sindicatos", y que según la instructora constituyen un "invento extremadamente caro" que era financiado en buena parte por la Junta "por el mantenimiento de la llamada Paz Social ante la multitud de trabajadores desempleados".

Para la juez, Leal era además "conocedor y beneficiario de las sobrecomisiones" que las mediadoras Vitalia y Uniter cobraban de la Junta , que reportaron "pingües beneficios" para Lanzas, del orden de 13 millones de euros. Dice el auto, que tiene una extensión de 44 folios, que Carlos Leal y Juan Lanzas se prestaron servicios "recíprocamente", dado que el conseguidor proporcionó diversos clientes por sus "conocimientos e influencias en sindicatos y en la Junta", mientras que Lanzas percibía un sueldo de 1.500 euros al mes de Estudios Jurídicos Villasís y además utilizaba el despacho como "centro de lavado de dinero".

La juez atribuye a Leal la inclusión de hasta 20 intrusos en las pólizas financiadas por la Junta, todo en "connivencia" con el ex sindicalista Lanzas y el ex director de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, otro de los principales imputados en la causa. La juez le atribuye la inclusión de siete intrusos en la Faja Pirítica de Huelva, cuatro en Mataderos de Fuenteobejuna, y otros dos en Surcolor, uno de estos un cuñado del ex delegado de Empleo Antonio Rivas y el esposo de una concejal del PSOE de Camas (Sevilla).

En la resolución, la magistrada se refiere con especial énfasis a la intervención de Estudios Jurídicos en el ERE de la Faja Píritica de Huelva, donde el bufete realizó labores de reclamaciones de subsidios de desempleo, declaraciones de renta, la llevanza de procesos de separación matrimonial o la tramitación de separaciones de bienes, por lo que dicha gestión "parecería totalmente innecesaria e incluso contraria a la legalidad" si se tiene en cuenta la finalidad pública del proceso, razona Alaya.

La instructora desmonta en el auto uno de los argumentos que Carlos Leal ha defendido a lo largo de los dos días de declaración, relativo a que en sus cuentas no ha entrado "ni un solo euro de dinero público". Alaya señala que Estudios Jurídicos recibió directamente de la asociación de ex trabajadores de la Faja Pirítica 496.000 euros, una cantidad que "procedía de los fondos públicos con los que se nutría la asociación".

La instructora señala que Leal ha reconocido en su declaración que esta asociación ("en definitiva los sindicatos") con la decidida ayuda de Uniter y del imputado, que controlaba el contenido de las cuentas, "se apoderarían de las indemnizaciones del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) que ascendían nada menos que a 7 millones de euros", unos fondos que son "públicos en la medida que proceden de un organismo público, los cuales no llegaron a ser entregados a los trabajadores, sino que eran custodiados por la asociación que el imputado gestionaba y que debieron ser destinados además a una finalidad pública concreta: aminorar la prima de las pólizas de prejubilaciones". Ese dinero se destinó para uso particular, según la juez, que precisa que Estudios Jurídicos percibió 5 millones de euros de honorarios correspondientes a su relación con Uniter y el resto esta mediadora, aunque Alaya no descarta que "los sindicatos pudieran haberse quedado con alguna parte".

Alaya señala que entre 2004 y 2010, en solo seis años, Uniter habría pagado a Estudios Jurídicos Villasís 3,7 millones, lo que supone un "importantísimo trasvase de dinero que no puede estar justificado, por su importancia cuantitativa ni por las fechas en que se producen, en el pago de honorarios, que también se han pagado directamente por la asociación".

La juez cita también el caso del ERE de la empresa Aglomerados Morell en 2008, donde el ex director de Trabajo Javier Guerrero, "mediante un simple oficio" dirigido a Apra Leven, autorizó la suscripción de una póliza para 24 ex trabajadores por importe de 2,4 millones, una actuación que para la instructora "evidenciaría una respuesta ilegítima y atolondrada de la Administración ante un evidente tráfico de influencias".