Este es un debate que a ninguno de los dos grandes partidos andaluces le interesaba, ni al PP ni al PSOE, ni al presidente de la Junta, Juanma Moreno, ni al líder socialista, Juan Espadas, pero una vez que ha estallado, Doñana se ha convertido en el tema de arranque de esta larga campaña de las elecciones municipales del 28 de mayo, un asunto que sobrepasa lo andaluz y en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sí está muy interesado porque sabe que el electorado progresista es sensible a las cuestiones medioambientales. Aunque Juanma Moreno y todo el PP andaluz se estén volcando en la defensa de la regularización de regadíos en la comarca del Condado de Huelva, ha sido Vox el que ha arrastrado a los populares hasta ello, temerosos de que el partido de Santiago Abascal se haga con la bandera del campo, como ha sucedido en parte en Almería.

El PP y el PSOE de Huelva coinciden en que el plan de la Corona Forestal de Doñana dejó en 2014 a un grupo de regantes sin regularizar, y sus direcciones regionales saben que la solución es muy compleja, necesitarían de la participación del Gobierno central y de Bruselas, como ya sucedió hace casi 10 años cuando se legalizaron cientos de hectáreas de regadío a cambio de una protección efectiva de Doñana y del acuífero. Ése fue el pacto de la Corona Forestal, del que surge el trasvase desde una cuenca cercana, la del Odiel, Tinto y Piedras, para ir liberando el acuífero de derechos de extracción para sustituirlo por agua de superficie.

El grupo parlamentario de Vox estaba dispuesto, sí o sí, a llevar la proposición legislativa al Parlamento lo antes posible, y el PP no quería descolgarse, aunque intentó durante unas semanas que el proyecto se retrase o entrara en una vía de negociación. El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, se reunió en dos ocasiones con el secretario de Estado competente, Hugo Morán, logró demorar la presentación unas semanas, pero el PP de Huelva presionó para no dejar solo a Vox.

Tanto el PP como el PSOE andaluz hubiesen preferido solventar el problema de los agricultores de otro modo

En los pueblos del Condado afectados, que son Rociana, Lucena del Puerto, Moguer, Bonares y Almonte, no se juega un gran partido electoral, pertenecen a partidos judiciales diferentes, por lo que tampoco son decisivos para gobernar en la diputación provincial, pero lo que el PP entiende que está en juego es su liderazgo sobre los propietarios agrícolas andaluces, sean éstos grandes o pequeños. En las décadas pasada, los populares lograron tejer una complicidad con la nueva agricultura andaluza, la que tiene sus hitos en Almería, la Costa Tropical de Granada y Huelva. En el campo onubense hay plantadas cerca de 12.000 hectáreas de frutos rojos, suponen el 90% de la producción española y más de un 20% de la europea. 

El PP trata de impedir que Vox crezca en las zonas de la nueva agricultura andaluza: Almería, la Costa Tropical granadina y Huelva

Fuentes del PP explican a este periódico que desconocen qué desgaste le puede suponer esta ley. En Huelva, no; puede que en el resto de Andalucía, tampoco, pero el perfil de moderado de Juanma Moreno sí sale comprometido de esta iniciativa. Al PP de Núñez Feijóo no le viene bien, pero, incluso así, en el partido sostienen que deben seguir adelante, aun a sabiendas de que el Tribunal Constitucional suspenderá la ley mientras decide sobre el fondo y de que la Comisión Europea no la va a aceptar. No sólo se trata de una decisión política de Bruselas, España fue condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no proteger el acuífero de Doñana.

El PP andaluz espera que la ley de regadíos quede muy atrás con el paso de la legislatura -aún quedan tres años y medio hasta las elecciones-, y Juanma Moreno parece dispuesto a recobrar una agenda medioambiental que tenga a Doñana como protagonista. Esto, en el peor de los casos, sería un mal trago que quieren endulzar en los próximos años. 

Pedro Sánchez ha entendido que la legalización de regadíos en un entorno tan emblemático es un elemento de diferenciación frente al PP. El miércoles pasado lo metió de lleno en la campaña de las municipales y las autonómicas, Doñana es conocida en toda España, y sus problemas de agua están ligados también a los efectos del cambio climático. Feijóo ha apoyado a Juanma Moreno, pero no es un asunto del que pueda hacer bandera. Para los socialistas, es otro balón de oxígeno para unas elecciones que hace sólo unas semanas se presentaban muy cuesta arriba.

Otra visión hay en Huelva, pero tampoco está claro que la iniciativa sea compartida del todo. Un notable grupo de regantes de Almonte está en contra de la legalización, es la Asociación Puerta de Doñana, formada por agricultores que lograron la legalización con el plan de la Corona Forestal y que temen que este tema desemboque en una campaña de publicidad negativa contra la fresa de Huelva. Los propietarios afectados se agrupan en la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, pero aún hay otro grupo más intransigente que los acusa de excesivos tratos con los socialistas. La plataforma tiene como portavoz a Julio Díaz, que fue dirigente de Ciudadanos en Huelva y vicepresidente del Parlamento andaluz en la anterior legislatura. 

Para el PSOE andaluz, el debate también era incómodo. Los socialistas se abstuvieron ante una proposición similar que se presentó en la anterior legislatura, lo que llegó a provocar algunos roces entre Juan Espadas y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. En esta ocasión, el PSOE se puso de acuerdo en sus diferentes niveles, y presentó una alternativa que le permitía oponerse a la ley del PP y Vox sin enfadar del todo a sus parlamentarios onubenses.

Lo que propone el PSOE es la retirada del proyecto de ley, para negociar en la mesa bilateral con el Gobierno central una salida a los agricultores afectados. Es, sin duda, una vía más laboriosa, pero aseguraría una solución, si la hubiese, sin vetos de otras administraciones.