El Gobierno andaluz ya cuenta con el "visto bueno" del Ministerio de Hacienda a la fórmula de pago que ha propuesta por la Administración autonómica para completar la operación de compra de 7.500 hectáreas de la finca Veta La Palma, en La Puebla del Río (Sevilla), con el objetivo de destinarla a la conservación e incluirlas en el futuro en el Parque Nacional de Doñana.

Así lo ha asegurado el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, a preguntas de los periodistas en la comparecencia posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno una semana después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciase esta operación que pretende financiar mayoritariamente con fondos europeos, complementados con fondos propios.

A este respecto, Fernández-Pacheco ha asegurado que el Ministerio de Hacienda ya ha dado el "visto bueno" al modelo de pago propuesto por la Junta empleando fondos europeos (60%) y fondos propios de la comunidad autónoma (40%) con el objetivo de que la compra de la finca Veta La Palma pueda realizarse "lo antes posible".

"Ya anunciamos un acuerdo con la propiedad acerca de la cantidad que vamos a abonar por esa finca y también la superficie, qué parte de la finca es la que mayor valor ecológico tiene y, por tanto, es la que interesa a la Junta de Andalucía", ha recordado el consejero portavoz, que ha celebrado la "novedad" de contar ya con el "visto bueno del Gobierno de España respecto al modelo de pago, que incluye un porcentaje de fondos europeos".

Fernández-Pacheco ya avanzó hace una semana que la compra de la finca Veta La Palma estaba "casi cerrada a nivel técnico" y "con los propietarios" y destacó que "permitirá mantener inundada una superficie de unas 3.500 hectáreas que es refugio para más de 300.000 aves acuáticas cada invierno".

El también consejero Sostenibilidad y Medio Ambiente ha detallado que funcionarios y técnicos de la Junta han llevado a cabo tasaciones para fijar el valor real de la finca, porque el precio "no se puede fijar de manera aleatoria" y tiene que haber "todo el rigor y transparencia en el proceso". En este sentido, ha manifestado que cualquier grupo del Parlamento tendrá a su disposición toda la información sobre el proceso de adquisición de la finca.

Asimismo, Fernández-Pacheco ha insistido en que los técnicos de la Consejería trabajan ahora en completar los "pormenores" de la operación de compra y ha añadido que la Dirección General de Espacios Protegidos de la Junta y la Dirección del Parque Nacional también trabajan en calcular el coste que va a suponer cada año el mantenimiento de la finca. Según Fernández-Pacheco, una vez que sea adquirida por la Administración, ya no estará dedicada a la cría de lubinas o de doradas ni se va a seguir explotando, sino que su función será contribuir a la conservación medioambiental y la protección de la biodiversidad.

El consejero ha recalcado que se está se estudiando cómo será su mantenimiento y si se llevará a cabo desde la agencia Amaya de la Junta, por parte de trabajadores del parque o a través de convenios "con terceros".