Son días de labor en los cultivos que lindan con el parque de Doñana, las fincas del Condado de Huelva comienzan a instalar los plásticos para la siembra de los frutos rojos. También es otoño el momento que aprovecha el Ministerio de Transición Ecológica para contabilizar el número de hectáreas de regadío que hay en la zona y cuántas de ésta son ilegales, porque se sitúan fuera de las áreas calificadas como superficie agrícola regable. Según los últimos datos de octubre, en torno al parque se cultivan 5.349 hectáreas bajo plástico, de las cuales 795 son ilegales. A pesar de la cifra, son la mitad de las que había en 2019. 

La supervivencia del parque depende de la recuperación de su equilibro hidrológico, roto desde mediados del siglo XX, cuando comenzó el cultivo de arroz, se desviaron cauces tan importantes como el del río Guadiamar y se construyó la urbanización de Matalascañas. El Condado de Huelva encontró hace tres décadas un cultivo que le sirvió para dejar atrás una agricultura de escaso impacto económico y social, pero que se suma al largo listado de las actividades que comparten el agua con Doñana. A las fresas, siguieron los arándanos y otros frutos rojos muy apreciados en los mercados europeos.

Cultivos en los alrededores del parque de Doñana.

Según el último informe del Ministerio de Transición Ecológica, presentado a raíz del acuerdo firmado con el Gobierno andaluz, junto al parque hay 5.349 hectáreas. Aunque el 85% se riega de modo legal, todas utilizan las mismas bolsas de agua que alimentan el subsuelo de Doñana. De hecho, de las cinco áreas en las que se divide este acuífero, tres se encuentran sobrexplotadas de modo oficial y una de éstas también está contaminada por el uso de productos agrícolas. Las conocidas como masas de La Rocina, Almonte y Marismas reciben menos agua de la que se extrae de ellas, de ahí que el objetivo del Ministerio sea desligar a los cultivos del acuífero mediante la traída de agua en superficie.

La Confederación también ha cerrado 491 pozos legales a cambio de dotar de agua en superficie a los regantes

Por eso, el Gobierno, por medio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, está cerrando dos tipos de pozos: los ilegales, de los que aún quedan 321 en situación de trámite de la sanción, y los legales, mediante acuerdo con los propietarios una vez que se les garantiza que el derecho de riego será cubierto por agua en superficie. De hecho, hay 491 pozos legales que han podido clausurarse mediante la traída de agua de un trasvase desde la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras.

Este trasvase aporta en la actualidad 7,3 hectómetros cúbicos a los agricultores y al abastecimiento urbano del Condado, pero se debe ampliar hasta los 19,99 hectómetros anuales cuando se terminen las obras de ampliación de la conducción principal. Además de esto, el Gobierno está recreciendo con el mismo fin el embalse del río Agrio, que pasará de tener una capacidad de 21 a 60 hectómetros cúbicos. 

Los propietarios de los regadíos ilegales se enfrentan a sanciones económicas muy altas e, incluso, a acciones penales, algunas de las cuales han concluido con penas de prisión. Lo que hace la Confederación ahora es que los precinta en el momento que comienza el expediente sancionador, que suele durar bastante tiempo. Hay dos centenares de pozos en esa situación, pero también los hay que escapan a los controles de los drones y de la guardería fluvial.

Acuerdo entre administraciones

Estos cultivos de regadío ilegal no son, exactamente, los mismos que los que el Parlamento andaluz iba a regularizar mediante la proposición del PP y de Vox. Obedecen a dos conceptos diferentes, aunque muchos de los cultivos que aspiraban a ser legalizados se vienen regando de modo ilegal, pero no son todos. Lo que el Gobierno andaluz iba a hacer es declarar como suelos aptos para el riego unas 1.000 hectáreas (la cifra se desconoce porque no se inició el trámite) que se quedaron fuera de una regularización anterior, la de 2014.

El Gobierno andaluz no tramitará ya esta proposición de ley, PP y Vox la dejarán morir en el Parlamento, y lo que ha conseguido a cambio es que el Ministerio de Transición Ecológica pague 70.000 euros por cada hectárea de cultivo, de riego o de secano, que se destine o a reforestación o a ser renaturalizada. Y eso es válido para fincas en situación legal como las ilegales si dejan de cultivar. La Junta y la Diputación de Huelva añaden a la cantidad otros 30.000 euros que sólo pagará a los cultivos onubenses. Los pagos del Ministerio están abiertos a los cultivos de los 14 municipios que rodean Doñana, lo que incluye también a pueblos de las provincias de Sevilla y Cádiz.

El plan de actuaciones del Ministerio de Transición Ecológica incluye otras dos grandes medidas para restaurar el equilibrio hidrológico: la recuperación del cauce antiguo del río Guadiamar, que devolverá agua a la marisma, y la desconexión de la urbanización de Matalascañas del acuífero, ya que en la actualidad se abastece mediante cinco pozos que afectan, de modo muy grave, a las lagunas situadas al norte del parque.