Imputan a cinco cargos de Industria por un fraude de ayudas en Cádiz

Cuando los ecos del fraude de Bahía Competitiva aún resonaban, a raíz de la declaración ante la Policía de la que fuera responsable del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) de la Diputación Provincial, María José Valencia, ayer el PP volvió a poner patas arriba el asunto con un dato hasta ahora desconocido: la imputación,por parte de la Udyco de la Policía Nacional, de la cúpula del Ministerio de Industria en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.

Este escándalo se conoció a raíz de la reclamación inicial por parte del propio Ministerio de más de 14 millones de euros a un empresario gallego, Alejandro Manuel Dávila Ouviña, en julio de 2011, por no destinar esas subvenciones públicas a materializar los proyectos empresariales para los que había solicitado el dinero, y que pensaba aplicar en la provincia de Cádiz.

Ayer, el parlamentario andaluz Antonio Sanz desveló estas nuevas imputaciones en el pleno del Parlamento andaluz, durante una interpelación al consejero de Economía, Antonio Ávila. No dio el nombres de los imputados, sino los cargos de "secretaria general de Industria, el director general de Industria, el subdirector general, el subdirector general adjunto y un técnico adscrito al Plan Bahía Competitiva". Eran entonces Teresa Santero, Jesús Candil, Ramón Herrero y Alejandro Fernández. No ha trascendido la identidad del técnico. Se sumaría a María José Valencia y el de Antonio Perales, quien fuera responsable político de Bahía Competitiva.

Sanz criticó que ese dinero fue concedido "a entornos empresariales socialistas sin escrúpulos", con "falsos informes de solvencia" y a "entramados empresariales constituidos para acceder a estas ayudas".