El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de la población; de hecho aparece como el problema más importante sólo por detrás de los derivados de la política, el paro, la inflación y la sanidad en el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces. La proliferación de pisos y bloques de apartamentos para los turistas provoca la reducción del número de casas para quienes no son turistas. Menos oferta para una misma demanda hace crecer los precios, que empiezan a hacerse prohibitivos. La Ley de la Vivienda, según algunos informes, también contribuye a la desaparición de oferta de vivienda para el usuario común. Son los ingredientes de la crisis habitacional más grave en 50 años, según concluye la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias.

Inmobiliarias, ciudadanos, consumidores, hoteleros... La sociedad les está reclamando a las administraciones que administren de verdad en materia de vivienda, un bien de primera necesidad más y más inaccesible. El Gobierno central aprobó una ley justo antes de que acabara la anterior legislatura, una norma criticada por las comunidades autónomas en las que gobierna el PP por estar provocando la aminoración de viviendas para alquilar. El Gobierno central apunta sin embargo a la explosión de los pisos turísticos, cuya limitación pretende acometer acorde a sus competencias.

El Ministerio de Vivienda lleva meses anunciándolo. Ayer convocó a las comunidades autónomas para compartir planes dirigidos a limitar las casas turísticas, al menos las ilegales, pero recibió la crítica de la consejera andaluza de Fomento, Rocío Díaz, que le recordó al Ministerio que la Junta ya ha regulado las viviendas turísticas y que son los ayuntamientos los que pueden aplicar tales limitaciones.

La Consejería de Fomento mostró sorpresa por el contenido de la reunión con el Gobierno central con el resto de las administraciones autonómicas. La consejera, según difundió su departamento, esperaba haber evaluado los resultados de la Ley de la Vivienda, que calificó de “desastrosa”, mientras que la ministra, Isabel Rodríguez, planteó la creación de una plataforma del Estado para 2025 que estudiará el estado del mercado inmobiliario, controlará el número de pisos turísticos y ayudar a mitigarlos, una herramienta digital que los países europeos han de poner en marcha en un periodo de dos años. Díaz, la consejera, reprochó a Rodríguez que no convocara a los consejeros de Turismo para esa cuestión.

Valencia suspende las licencias para pisos turísticos 

Que los Ayuntamientos de Valencia y Madrid hayan suspendido la autorización de nuevas viviendas turísticas da la razón a la Consejería de Fomento cuando se refiere a la capacidad de los consistorios para frenar la explosión de plazas dedicadas a la industria turística. Que los Gobiernos central y autonómicos están habilitados para aprobar normas que regulen la notable subida de inmuebles para turistas es también de común acuerdo entre los agentes y sectores ajenos a la administración política. La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliaria reclama a todas las administraciones “responsabilidad” ante la crisis habitacional, según recogió ayer Efe.

Las administraciones no comparten ni el diagnóstico ni las soluciones para resolver el problema de la escasez de vivienda, cada vez más agudizado y, a tenor de las declaraciones de unos y otros, no se atisban coincidencias a corto plazo. Un número de informes nacionales e internacionales, entre ellos los de la asociación de empresarios de turismo Exceltur, indican que en España se está produciendo un significativo aumento de los pisos turísticos, cuyo efecto más directo es la reducción de oferta para viviendas residenciales. Y la población sigue siendo la víctima de la inacción de la falta de una administración definitiva.