Los ayuntamientos verán reducido a tres meses el plazo para obtener los informes sectoriales para la tramitación de sus respectivos planeamientos urbanísticos, tal y como informó ayer la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, después de que la presidenta del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, anunciara la elaboración de un decreto para agilizar los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU).

Entre las novedades de este decreto, se contempla la creación de comisiones provinciales de coordinación urbanística para permitir que los consistorios puedan "aprobar cuanto antes" sus PGOU. Estos órganos permitirán reunir a las consejerías involucradas en la aprobación de los planeamientos, la Administración central, las diputaciones y los propios ayuntamientos. "Resolvemos así cuanto antes la aprobación del plan", apostilló Serrano.

"Simplificamos el procedimiento, agilizamos los trámites y damos seguridad jurídica a los posibles inversores", declaró la consejera en la clausura de unas jornadas en Marbella. Agregó que, "desde el minuto uno comunicamos al ayuntamiento afectado qué es posible y qué no en la legislación urbanística".

Según resaltó Serrano, "no queremos eternizar el proceso con debates sobre informes que faltan o no, sino que todos se recopilen en las comisiones urbanísticas".

El nuevo decreto, apuntó Serrano, permitirá "coordinar la recopilación de los informes sectoriales para que los ayuntamientos no pierdan energía ni tiempo en la tramitación". La iniciativa forma parte de un plan, actualmente en fase de análisis, para "activar el sector de la construcción de forma sostenible", recordó la consejera, añadiendo que "queremos un desarrollo urbanístico cuya primicia sea la conservación y preservación del medio ambiente".

Hay ayuntamientos (como el malagueño de Alhaurín de la Torre) que han denunciado una tardanza de hasta nueve años en la revisión de sus planes generales, lo que les ha llevado a no poder acometer las actuaciones urbanísticas previstas por el Consistorio.

La Junta subraya ahora que "la construcción merece una nueva oportunidad, aunque sólo sea por el hecho de que hasta 600.000 desempleados provienen de este ámbito".