El Gobierno andaluz ha dedicado la jornada de transición hacia las nuevas medidas para atajar la pandemia a preparar las medidas encaminadas a paliar los efectos económicos del cierre de la actividad no esencial a partir de las 18:00 de este martes –en Granada la clausura comenzó a medianoche–. Con ese objetivo, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, se reunió con las líderes de los principales sindicatos, Carmen Castilla (UGT) y Nuria López (CCOO), así como con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara.

Los agentes sociales urgieron a que el Gobierno ponga en marcha un plan de ayudas para el comercio y hostelería, sectores que verán unas perdidas que van de los 1.000 a los 1.500 millones de euros, según estimó el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que visitó este lunes Estepa. La cantidad ofrecida por el dirigente de Ciudadanos se duplicará si las restricciones se extienden otros 15 días después del 23 de noviembre, aunque el Ejecutivo andaluz no tomará esa decisión hasta entonces y en función de la evolución de la pandemia. Lo que sí prepara ya el Gobierno de Juanma Moreno es la respuesta a las pérdidas que tendrán los sectores más afectados por el cierre de la actividad no esencial.

Marín habló de ayudas para la cobertura de gastos fijos, como el suministro de agua o electricidad, así como el alquiler. “El sector turístico y todo lo que ello engloba, incluída la hostelería, necesita ayuda de las administraciones”, dijo el vicepresidente ayer en Estepa, donde garantizó que la Junta pondrá sus recursos para afrontar este gasto extra.

El proyecto de Presupuestos de la Junta para 2021 incluye una partida de 450 millones de euros para imprevistos provocados por la pandemia, por lo que Marín reconoció que “gran parte” del margen de maniobra de Ejecutivo regional depende de la aprobación de las cuentas, que deberán pasar su primer examen la semana próxima en el Parlamento. Por el momento, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, no tiene los apoyos necesarios, ya que su socio habitual, Vox, ha elevado sus exigencias tras el choque de Santiago Abascal y Pablo Casado en la moción de censura.

Mientras tanto, el Gobierno andaluz insiste en pedir al Ejecutivo central un “plan de rescate” para el turismo y sus sectores asociados, así como una reducción del IVA al 5% en estos ámbitos para favorecer la actividad. Marín también extiende el llamamiento a la colaboración a los ayuntamientos de la comunidad y aludió a una reunión con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) donde abordarán la posibilidad de prorrogar o incluso exonerar del pago de impuestos locales a los comercios y establecimientos de restauración afectados por los cierres a partir de las 18:00.

A falta de conocer la naturaleza exacta de estas ayudas, el lunes se supo que las restricciones podrían haber sido incluso más duras. En una entrevista en Canal Sur, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, reveló que era partidario de adelantar el toque de queda antes de las 22:00 para evitar lo que la Administración andaluza considera movilidad “en horas no productivas”. El decreto que regula el estado de alarma no permite adelantar las restricción de la movilidad nocturna antes de la citada hora, defendió ayer Aguirre, que censuró “la disparidad de criterios entre las comunidades” debido a la “falta de liderazgo” del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Sobre los problemas ciudadanos con la atención telefónica de Salud Responde, el consejero manifestó que la empresa concesionaria Illunion se ha comprometido con la Junta a duplicar el número de trabajadores que atienden el teléfono y ha confiado en que se solventen los problemas con brevedad. “No podemos permitir que Salud Responde no responda”, afirmó Jesús Aguirre, quien añadió que se “hundiría la estrategia de no presencialidad” del sistema de salud público con la que pretende evitar la confluencia de muchas personas en los centros de salud.