La Junta ordena los servicios sociales tras más de 25 años de embrollo

A mediados de los años 80 comenzó a implantarse el sistema de servicios sociales comunitarios en Andalucía con la guía de la exitosa implantación de los centros sanitarios y, fruto de esa experiencia, la Junta de Andalucía aprobó en 1988 una ley en la que se recogieron los derechos y prestaciones existentes. La ley resultó práctica e innovadora para una época pero, 25 años más tarde, resulta insuficiente. La entrada en vigor de la ley de dependencia en 2007, por ejemplo, ha dado entrada a nuevos recursos (llamados servicios especializados) y la crisis económica ha puesto en evidencia la confusión sobre a quién compete financiarlos (caso del Ayuntamiento de Jaén, entre otros). Tras varios borradores que no consiguieron ver la luz en anteriores legislaturas y una reciente incertidumbre por la reforma local, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ultima la actualización de esta ley con la intención de aprobarla en un Consejo de Gobierno en el mes de julio. Ésta ley es una de las comprometidas en el pacto de Gobierno PSOE-IU.

Una de las principales novedades vendrá de la ordenación del batiburrillo de servicios que se ofrecen en la actualidad. La intención es crear y definir un verdadero sistema público de servicios sociales de Andalucía (SPSSA). En él se recogerán los recursos de la Consejería competente, los de las entidades locales y los ofrecidos por entidades de titularidad privada, vinculados o concertados con la Junta de Andalucía y sus entes. Una vez aglutinados, la Junta se arroga la "superior dirección y coordinación" de este sistema, para garantizar su integración y coordinación. Se trataría de establecer unos criterios mínimos obligatorios para ofrecer este tipo de servicios, una reivindicación de multitud de organizaciones durante las últimas décadas.

Con la ley vigente son los ayuntamientos los que ostentan la competencia de los servicios sociales comunitarios. Estos centros atienden a mayores, enfermos mentales, personas con alzhéimer, discapacitados, drogodependientes, personas sin recursos económicos, minorías étnicas, temporeros, centros de mujer e incluso adopciones y tienen un millón de usuarios al año en la comunidad autónoma.

Así seguirá siendo, pese a que la reforma local aprobada a final de año por el Gobierno central establece que a partir del 1 de enero de 2016 estos servicios comunitarios deben depender de las autonomías. La Junta ha recurrido la ley al Tribunal Constitucional y, mientras resuelve, ha aprobado un decreto ley por el que mantiene la competencia en los ayuntamientos. Son los servicios profesionales los que quedaron en tierra de nadie, pero la Junta aprovechará esta ley de servicios sociales para introducirlos en este sistema unificado.

El último borrador de esta ley establece nuevas organizaciones y faculta a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, entidad dependiente de la Consejería, como "principal proveedor público de servicios sociales en Andalucía". En algunos sectores ha causado recelos que sea una entidad de estas características (una agencia pública) quien lidere este servicio.

Las competencias, por lo tanto, quedan igual. La ley viene a introducir una responsabilidad mayor de la Junta, no sólo en la planificación, sino en la dirección y control de los recursos. En cuanto a la financiación, por definir, el SPSSA se financiará con los Presupuestos de la Junta, los ayuntamientos, el Gobierno central (el PP retiró el año pasado la financiación de planes concertados), las entidades privadas, donaciones y las aportaciones de usuarios.

Habrá un mapa de servicios sociales, una vieja promesa, que organizará territorialmente las zonas de intervención. Y habrá planes específicos e incluso varias comisiones de coordinación.

Y una novedad importante: la Junta distinguirá entre las prestaciones "garantizadas" y las "condicionadas" que estarán sujetas a la disponibilidad de recursos económicos. Entre las primeras, que responden a un derecho subjetivo, son exigibles y su provisión es obligatoria, se encuentran los servicios de información, valoración, orientación y asesoramientos; los Planes Individuales de Atención (PIA) y su seguimiento; la teleasistencia, la atención en urgencia social, la protección de menores en situación de desamparo, incluida la protección jurídica, también para personas con capacidad limitada, y las prestaciones ligadas a la dependencia. Todas las demás no serán exigibles.

No obstante, la Junta tendrá que aprobar un catálogo de prestaciones en el SPPA, un instrumento que definirá el conjunto de ayudas que pueden reclamar los andaluces.