Andalucía

Justicia confía en que los problemas del programa de gestión procesal terminen en junio

Fachada del Palacio de Justicia de Sevilla.

Fachada del Palacio de Justicia de Sevilla. / Juan Carlos Muñoz

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía se suma a las críticas por el nuevo sistema de gestión procesal Adriano, que no sólo afecta a los empleados públicos de la Justicia sino a los profesionales y ciudadanos que dependen de las notificaciones judiciales. El nuevo sistema @driano, que se puso en marcha con el objetivo de incluir mejoras en el expediente judicial electrónico y avanzar en la digitalización e interoperabilidad de los órganos judiciales, "está ralentizando el trabajo diario en los juzgados y generando situaciones de confusión, impotencia, estrés y desesperación entre los empleados públicos", señala en una nota CSIF-A, que es el sindicato con más representación en la Administración andaluza de Justicia. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha respondido que el programa de gestión procesal "estará completamente desplegado en todas las jurisdicciones andaluzas en junio de este año", fecha en la que prevé que "esta pesadilla" acabe.

CSIF-A sostiene que estos problemas con el Adriano atentan además contra la salud de los profesionales de la Administración de Justicia y ha solicitado a la Consejería de Justicia, la realización urgente de una evaluación de riesgos psicosociales en todos los órganos judiciales en los que se está implantando. Nieto, en unas declaraciones hechas a los medios de comunicación en relación a las quejas por el funcionamiento de Adriano, ha pedido "disculpas a todos los operadores" y ha lamentado que su Consejería se ha "encontrado un mal trabajo hecho desde hace mucho tiempo" y que "estamos tratando de cerrarlo lo mejor posible". "Esperamos poder corregir las anomalías pronto. Entiendo las críticas", ha reconocido el consejero, pues aunque "las quejas que se han producido en todas las comunidades autónomas" en las que ha habido "un cambio de esta dimensión", en el caso del @driano los problemas "están siendo mayores de lo que deberían y llevan demasiado tiempo".

La Junta defiende que el problema con el Adriano viene de lejos

Nieto lleva sufriendo los problemas del programa Adriano "desde que llegué en junio de 2022", un programa que fue encargado por la Junta en 2016 y que se adjudicó en 2018. "Y que durante mucho tiempo ha estado prácticamente parado", ha indicado. "Hay mucha gente que está trabajando en la Justicia para hacerla ágil, para prestar el servicio a los ciudadanos, y lo tienen que hacer con un programa que viene desde los inicios del año 2000, desde finales de los años noventa, y que desde luego que ya no es el tramitador judicial que necesitamos".

El nuevo sistema de gestión procesal, informan los funcionarios de Justicia, ha empeorado su funcionamiento de un tiempo a esta parte, llegando a "colapsar" cada día antes del mediodía. El consejero de Justicia atribuye esta acentuación del problema a que en este momento se está implantando el programa en la jurisdicción penal, que supone más del 60% del total de los trámites que se realizan en la Justicia en Andalucía. "Es normal que se produzcan estos problemas. Lo que no es normal es que se haya gestionado tan mal la gestión de un programa que es la base sobre la que opera la Justicia en toda Andalucía", ha dicho Nieto.

Problemas en la jurisdicción penal y en violencia de género

Las críticas de los representantes de los empleados públicos llegan al extremo detalle. Así lo ha explicado CSIF, cuyo vicepresidente del sector de Justicia, Diego Díaz, ha alertado de las consecuencias de las anomalías "en el orden penal". En un escrito remitido a la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales, la central sindical detalla cerca de una treintena de problemas detectados en la implantación del Adriano y que van desde dificultades a la hora de realizar una simple búsqueda, modelos de resoluciones inapropiados por tener fallos o estar incompletos, comandos que no funcionan, hasta ampliar los pasos a dar para conseguir una función que antes sólo requería de uno sólo.

También ha mencionado los problemas derivados en los asuntos relacionados con violencia de género. CSIF-A critica que "el nuevo sistema no permite etiquetarlos como tales, lo que se considerada un fallo grave puesto que es de vital importancia controlar este tipo de temas". "Los Juzgados de Violencia en horario de tarde no han contado con formadores en Adriano para las guardias, lo que ha provocado que el personal de este turno se vea falto de información sobre su uso", explica CSIF-A.

Fallos en la formación

La central sindical también explica en el escrito remitido a la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales las deficiencias detectadas en la formación impartida a los empleados y detalla que, en muchas ocasiones, se ha llevado a cabo en juzgados que estaban a plenos rendimiento y con multitud de gestiones en curso, provocando que el personal haya tenido dificultades de atención, "al verse obligado a simultanear ambas acciones, es decir, jornada de trabajo y formación. A esta manera desacertada de impartir el curso, en lugar de hacer uso de las bolsas de horas de formación, se une, a juicio de CSIF, el conocimiento limitado que tienen los formadores del trabajo de los juzgados y la dificultad para entender conceptos de derecho procesal básicos para el uso de este sistema", añade la central sindical.

El dirigente sindical ha explicado que con la evaluación de riesgos psicosociales que se ha solicitado a la Junta “queremos analizar los principales factores relacionados con la organización y las condiciones de trabajo, así como el entorno sociolaboral de las trabajadoras y los trabajadores de los órganos judiciales y valorar cómo afectan a su salud mental y física”. CSIF-A no descarta acudir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si la Administración andaluza negara la existencia de los riesgos psicosociales detectados tras una evaluación o no implementara correctamente las medidas correctivas impuestas.

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