El ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda ha presentado una denuncia contra la Junta de Andalucía, a la que acusa presuntamente de un delito de "prevaricación de manera masiva" que afecta a miles de empresarios, por haber "congelado" el dictado de actos de liquidación del pago de las subvenciones a las empresas para la realización de cursos de formación "con la única intención de que sus legítimos beneficiarios no cobraran lo que se les debía".

La denuncia, que suscribe el letrado Juan Antonio Resino, fue presentada el 28 de octubre pasado y está siendo investigada por el juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla, al que el ex consejero ha solicitado la práctica de una serie de diligencias, entre ellas que se reclame a la Consejería de Empleo la totalidad de los expedientes administrativos de concesión de ayudas a las empresas de su grupo y se identifique a las autoridades públicas y funcionarios "encargados de decidir sobre cuándo liquidar los expedientes ya terminados y justificados para que nazca en el administrado el derecho de cobro de la subvención, y las autoridades públicas y funcionarios encargados de tomar la decisión de aperturar los expedientes de reintegro", así como que la Policía Judicial elabore un atestado y tome declaración a “todos los funcionarios y cargos públicos”, entre otras diligencias.

En la denuncia, que recientemente ha sido ampliada, Ángel Ojeda sostiene que la Junta de Andalucía "ha llevado a cabo dicha práctica presuntamente prevaricadora de manera masiva, es decir, a todos los miles de empresas y empresarios beneficiarios de cursos de formación, encontrándose miles de expedientes pendientes de justificar y con ello, impidiéndose de manera presuntamente consciente y dolosa que miles de beneficiarios de cursos cobren lo que legítimamente les corresponde". 

Esta conducta prevaricadora, prosigue la denuncia de Ojeda –que es uno de los principales imputados en la investigación sobre el fraude de los cursos que lleva el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla-, "no puede tener amparo en la pretendida ausencia de medios, pues como hemos justificado y tal y como igualmente se viene declarando en la Comisión de Investigación [del Parlamento andaluz], la Junta de Andalucía sí que tiene medios más que suficientes para incoar expedientes de reintegro".

En la ampliación de esta denuncia, el empresario recuerda que ya han comenzado a llegar las primeras sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que han condenado a la Junta a liquidar y pagar 34.647 euros por cuatro cursos de formación que fueron impartidos en 2011 y más tarde justificados por sus empresas.

Ojeda ha reclamado al juzgado que se requiera a la Junta de Andalucía para que aporte a las actuaciones certificación acreditativa de la totalidad de los cursos de formación "pendientes de liquidar y cuyos beneficiarios hayan presentado la cuenta justificativa y documentos acreditativos de la justificación de la subvención".

La denuncia justifica la investigación por presunta prevaricación en que la Administración andaluza ha decidido paralizar de forma "consciente y dolosa" los expedientes de liquidación, "evitando que lo administrados cobren lo que en derecho les corresponde", y además se han incoado expedientes de reintegro de todo o parte de la ayuda concedidas todo ello con un "objetivo netamente político" y "haciendo así pagar a justos por pecadores y sometiendo a todas las empresas a un mismo rasero de presunción de culpabilidad”, por lo que considera que se trata de una “presunta arbitrariedad" de la Junta, a la que acusa de haber cambiado el criterio en la verificación de los expedientes para evitar que prescriba el plazo.

"No sostenemos que la Administración no deba realizar controles, que ya los realizaba anteriormente y de manera exhaustiva, lo que venimos a decir es que presuntamente, conocedores de que las subvenciones están perfectamente justificadas, han forzado dolosamente la situación y sin motivo jurídico real, han decidido apartarse de los criterios legales vigentes en materia de justificación de subvenciones y presuntamente, los han sustituido por otros para conseguir el objetivo de que al menos exista apariencia formal para solicitar un reintegro", añade el denunciante.

Ojeda concluye que de esta forma paralizan los expedientes sine díe, no los revisan y consiguen de facto que los servicios de formación "prestados, ejecutados y realizados, nunca lleguen a cobrarse en su totalidad", obligando a los empresarios  a tener que sufragar "las elevadísimas tasas judiciales" de acudir a la vía de los tribunales Contencioso-administrativos, lo que consagra una "colosal injusticia para el administrado y causándoles indefensión presuntamente a sabiendas, porque al no pagarles las cantidades pendientes, las entidades no tienen liquidez para poder recurrir" por la vía contenciosa.

La denuncia acusa a la Junta de un "atropello" a los empresarios, al considerar que la Administración autonómica está “abusando de su imperium, rayando en la impunidad y consciente de que la vía contencioso-administrativa supone a las entidades el desembolso de una cantidad de dinero que no pueden afrontar, juega con esta situación aún a sabiendas de que no tienen razón jurídica y que el resultado del contencioso sería favorable a las entidades”.

La actuación de la Junta provoca además un "enorme perjuicio" a los denunciantes, por la “doble situación de paralización consciente de la oferta pública de nuevas acciones formativas” y por no poder cobrar entre el “25 y 50% restante de lo que legítimamente tienen derecho”, generando una situación de “iliquidez e insolvencia de tesorería que probablemente conduzca a muchas entidades al concurso de acreedores”.