En este país ir de legal puede suponer un gran peligro. Eso piensa Manoli, jubilada, de 69 años, casada con Luis Tirado, conocido en Chipiona como El Lusena, también de 69. Viven con su hijo, parado, de 39, y Manoli piensa que empezó a perder la casa de madera de 60 metros cuadrados en la que viven desde hace más de 10 años porque ella fue a ver al alcalde. Es más, se podría decir que el aún alcalde de Chipiona, Antonio Peña (PP), ha dimitido porque un día, hace años, Manoli fue a ver al anterior, Manuel García (PSOE).

Peña es desde hace mucho el médico de Manoli. De repente, éste se encuentra en la extraña situación de tener que tirar la casa de su paciente. Lo dice una orden judicial. Si no, cometerá un delito como alcalde. Quizá más como médico que como alcalde decide no ser él el que tire la casa. Se va. En el pueblo hay quien admira su decisión, otros que dicen que no es por eso. Ese debate no cambia la situación de Manoli y Luis.

La historia es como sigue: Manoli vive enfrente de la Viña de las Cruces, en un terreno rural de intrincado acceso donde se levantan casas a ambos lados, autoconstruidas, sin ningún papel sobre terrenos, la mayor parte de las veces, heredados, terrenos sobre los que en otros tiempos no pesaba tanta burocracia. Morían los padres y se los quedaban los hijos. Así de simple. La suya, su casa, es una de tantas. Ilegal como un mamotreto de ladrillo sin terminar que se levanta justo delante de su huerto. Ni siquiera se ve desde la carretera por encontrarse tras unos cañaverales y tras ese mamotreto inconcluso de ladrillo que lo tapa todo.

Acude Manoli al Ayuntamiento porque quiere normalizar el suministro de luz y agua. La atienden amablemente, pero en su solicitud de enganche de luz y agua la vivienda queda señalada. Le dan unos papeles que "no me sirven de nada porque al final tengo que coger de la acometida que tienen los vecinos". Pero, sin saber cómo, su expediente es de los que van a parar a la Fiscalía. ¿Por qué el suyo y no otro? Parece inexplicable a juzgar por el paraíso del urbanismo a salto de mata que se práctica en los alrededores de Chipiona. Son incontables las construcciones levantadas de cualquier manera en todo el término municipal.

Es un desorden bullicioso, agobiante, feo y absurdo. Pero son 29 los señalados y la vivienda de Manoli es una de ellas. "No tenemos otro sitio donde ir. Es nuestro hogar". En realidad, explica Manoli mostrando la orden de derribo, que tendrán que pagar ellos, no tendrían que tirar la casa. Sólo levantarla y eliminar la torta de hormigón que hay debajo, útil para que la madera no se pudra. Para eso, claro, hay que tirar la casa. Es eso lo que molesta, aunque no parece afectar a las robustas tomateras, los manzanos o las grandes berenjenas que se crían alrededor. Son el complemento alimentario con el que la familia ha venido pasando los últimos años cuando el dinero no daba para más. Y no lo daba tras haber estado pagando una multa de más de 5.000 euros, purgando su ilegalidad, aunque Manoli sabe que pagar no te hace legal. A ellos los ha arruinado. Y ahora eso no ha servido nada.

Muestra centenares de folios con firmas. El pueblo está con ellos. Su marido se va cada mañana, como si fuera a un trabajo, a recorrer cada esquina de Chipiona buscando apoyos. Su hijo se quedaba en casa pintando las paredes de beige. En algún momento se detuvo. "¿Para qué? Es gastar el dinero que no tenemos para nada".

Las Tres Piedras, un inmenso asentamiento que mezcla chaboleo con chalés en exceso recargados, se encuentra junto a la playa del mismo nombre. La mayor parte de estas edificaciones son segundas viviendas de gente de Jerez y Sevilla. Ahora, en otoño, es un paisaje fantasmal. Tras las lluvias hay inmensos charcos que convierten en barrizales el laberinto de caminos de tierra que unen unas construcciones con otras en un remedo de urbanización. No mucho más lejos está Costa Ballena, tan residencial, tan ordenada, tan pulcra. Aquí nada es así. Hay signos de que esto es Chipiona porque hay pegatinas en una oxidada parada de autobuses y en los ocho o nueve contenedores muy dispersos colocados en esquinas de parcelas descuidadas.

Hay tantas viviendas ilegales que se ha sectorizado, como si fuera un PGOU chapucero, según uno de los fundadores de la asociación de vecinos. "La solución va a ser crear tres sectores. Uno, el de las casas más antiguas, las de más de 20 años y que, en muchos casos, es primera residencia. El sector dos, para chozas con pequeños huertos, no todas primeras viviendas. Podrían salvarse. Y luego el tercero, el más cercano a la costa, por donde debe ir el carril verde. Son las más recientes. Muy pocas de esas sobrevivirán".

En el sector 1, nos encontramos a un matrimonio de jubilados cuidando un gran arriate con flores. La entrada a la casa es de buen gusto y la señora está orgullosa. Llevan más de 20 años viviendo aquí. "Nos vinimos hace mucho tiempo desde Jerez. Por entonces no se hablaba tanto de estas cosas de legalidad o no legalidad. Teníamos un terrenito y decidimos levantar nuestra casa. No pensábamos que estuviéramos haciendo nada malo. Pero pronto todo esto empezó a crecer y en los terrenos ponían módulos o caravanas o cualquier cosa y hacían casitas con latas. Jamás pensamos que esto se convertiría en lo que es ahora".

Otro hombre del sector 2, según la definición inicial, hace correr un caballo a su alrededor en un lugar donde se prohíbe expresamente tirar basura. Hay escombros desafiándolo. Han ido creando una especie de obra abstracta del residuo. El vecino, convencido de que ellos no tendrán problemas con la legalidad porque "somos un asentamiento", dicho con cierto orgullo, nos habla de otro cartel que ya no existe, que se cayó o que quitaron. En él ponía "prohibido construir, terreno no urbanizable", mientras no paraban de crecer ladrillos. "Nadie hizo mucho caso al cartel. Aquí veníamos y construíamos sin mirar mucho la legalidad. Creo que hasta algún concejal tiene casa por aquí. La mía la levanté hace 17 años. Tengo una en Chipiona, pero prefiero vivir aquí".

Y así todos fueron construyendo aquí y allá el caos. Y de todos ellos las víctimas son Manoli y Luis. Y un alcalde que deja de serlo porque no será él quien ordene que Manoli, su paciente de tantos años, pague la piqueta que destruya su casa.