El PP pide a Bolaños que investigue los 105 millones de ayudas a Delphi

Una vuelta de tuerca en la investigación de los cursos de formación. La acusación popular que ejerce el PP en esta macrocausa ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños que amplíe la investigación relacionada con el ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda a la totalidad de los 105 millones que se concedieron en ayudas para la formación y la contratación de los ex trabajadores de la multinacional de automoción Delphi. Y frente a esta ampliación de las diligencias -en esta pieza sólo se investigan los 33 millones concedidos a las empresas de Ojeda-, la defensa del ex consejero ha planteado a la instructora que archive la causa contra las cinco asociaciones vinculadas al empresario por cuanto el juzgado "no apreció indicios para investigar el resto" de ayudas al inicio de la instrucción, por lo que Ojeda denuncia que resulta incomprensible que con los mismos y exactos indicios presuntos de criminalidad a juicio del órgano instructor -que la defensa niega rotundamente- se investigue a unas entidades y a otras no.

El abogado Juan Carlos Alférez, que defiende a Ángel Ojeda, argumenta, en un escrito remitido al juzgado, que el ex consejero está "alcanzado la terrible sensación de estar siendo objeto de una clara discriminación por la única y exclusiva notoriedad mediática que desafortunadamente llegó a alcanzar, con una vulneración del derecho fundamental a la igualdad de trato que desde el inicio de la instrucción ha venido manifestando".

Ojeda no pretende que el resto de entidades que recibieron ayudas del plan Delphi sean investigadas, sino postular que "si el juzgado no apreció indicios para investigar al resto, debe de manera inmediata sobreseer y archivar para las cinco asociaciones investigadas", porque aunque no comparte el informe realizado por el inspector de Trabajo y Seguridad Social Carlos Uruburu, sí que coincide en que este "inspector especial ad hoc nombrado mediante puesto de libre designación por el Ministerio de Trabajo realizó un informe específico para todas y cada una de las entidades del plan Delphi" y apreció en "todas las mismas presuntas irregularidades [que la defensa tampoco comparte] y en todos sus informes ofrece los mismos y exactos indicios que sirvieron a la anterior instructora como presupuesto habilitante con el que crear las presentes diligencias previas", aunque a juicio de la defensa se trata de una conclusión errónea porque no hay "el menor indicio ni para las cinco asociaciones ni para nadie".

Ojeda también reitera que sus cinco asociaciones se limitaron a "cumplir fielmente con el contenido de las resoluciones de subvenciones excepcionales", algo que "consta acreditado en autos", por lo que ha anunciado que en breve solicitará el "sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones".

La petición de ampliar la investigación por parte del Partido Popular se ha producido precisamente tras la declaración en el juzgado del inspector Carlos Uruburu, quien reconoció que el problema de las ayudas investigadas se da en todas las que se concedieron tras el cierre de la factoría de Delphi, porque según el perito, el problema es muy parecido y "el origen de todo es el mismo".

Los abogados del Partido Popular, en un escrito presentado en el juzgado el pasado 29 de mayo, recuerdan que el importe total concedido a las subvenciones a la formación y a la contratación asciende a 105.987.407,54 euros, de los cuales la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) recibió 35,9 millones en subvenciones a la formación, aunque también figuran entre los beneficiarios las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia (SAFA), la Fundación Forja XXI, o la Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz (Fueca), entre otras.

Los populares recuerdan las conclusiones del informe sobre Delphi de Carlos Uruburu, quien señaló que la Junta de Andalucía llevó a cabo gran parte de sus compromisos a través del mecanismo de concesión de subvenciones a la formación y a la contratación, calificadas como excepcionales y otorgadas por el procedimiento de concesión directas. El perito añadía que casi todas las subvenciones a la contratación también eran, en realidad, subvenciones a la formación, ya que "casi todos los proyectos subvencionados eran proyectos puramente formativos, aunque se disfrazaron de contratación laboral".

El inspector concluía, igualmente, que "una vez más la Junta ha acudido a fondos públicos, incumpliendo la normativa dictada por la propia Junta, para sostener sus compromisos con los afectados al cierre de Delphi".

Y también señalaba que la Junta ha destinado fondos procedentes de subvenciones estatales a objetivos distintos de los acordados en los convenios de colaboración y en las leyes de presupuestos generales del Estado", todo ello con independencia de que se le haya reclamado su reintegro, y también ha dedicado fondos de sus presupuestos a "fines diferentes de los previstos legalmente, desatendiendo las medidas para favorecer la cualificación del capital humano y su inserción laboral que perseguía el plan para la Bahía de Cádiz".

El PP ha solicitado a la instructora que amplíe la investigación al "total de las subvenciones concedidas a la formación y a la contratación" que aparecen en el informe de los inspectores de Trabajo, que ascienden a esos 105 millones- y acuerde las diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos.