La acusación popular que ejerce el PP-A en la macrocausa abierta para investigar las transferencias de financiación recibidas por el IFA-IDEA ha presentado un incidente de recusación contra la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, al estimar que la magistrada debió de abstenerse de conocer esta causa por razón de parentesco.

Fuentes del PP-A confirmaron ayer a este periódico que han presentado un incidente de recusación al haberse detectado un "lazo de parentesco" que, "según los servicios jurídicos del PP", hace a la juez María Núñez Bolaños incurrir en una causa de abstención.

Esta investigación fue abierta en mayo de 2016 por el entonces juez de refuerzo Álvaro Martín, quien coincidiendo con el cierre de la investigación del denominado "procedimiento específico" de los ERE -en el que están procesados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos- decidió abrir esta otra macrocausa, al dictar una providencia en la que ordenó deducir testimonio para investigar todas las transferencias de financiación que haya podido recibir el IFA-IDEA procedentes de las Consejerías de Empleo o Innovación de la Junta que procedan de un programa distinto a la polémica partida presupuestaria 31L, conocida popularmente como el fondo de reptiles, y que tuvieron un destino "distinto al legalmente previsto".

La decisión del juez Álvaro Martín significaba en la práctica abrir otra macrocausa en la que se investigarán todas las transferencias de financiación recibidas por la agencia IDEA en el periodo 2003-2007, y la petición de abrir esta investigación fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción. Los fiscales delegado de Anticorrupción señalaron entonces que de la documentación remitida por la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) relativa a las memorias de control financiero permanente, los informes de control financiero, y los informes trimestrales de seguimiento de IDEA desde 2005, se desprende que "la agencia ha recibido fondos procedentes de otros programas presupuestarios distintos al 31L, mediante el mecanismo de las transferencias de financiación y con un uso inadecuado de las mismas, dado que no se destinaban a la finalidad prevista legalmente para las mismas".

Tras la marcha del juez de refuerzo, María Núñez Bolaños asumió esta investigación y, al igual que hizo en otras macrocausas, decidió imponer una fianza de 30.000 euros al PP-A para ejercer la acusación popular en esta causa. La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla anuló en septiembre pasado esa fianza y requirió a la juez para que dictara un nuevo auto donde "justifique la razón de la imposición" de esta caución "que no ha venido exigiendo en otros supuestos". Ahora el PP ha recusado a la juez por razón de parentesco.