Un ex alto cargo del PSOE se da de baja del partido por las facturas falsas de Almería

Luis Pérez Montoya presenta su renuncia en el Ayuntamiento de Adra para dedicarse a su defensa

Un ex alto cargo del PSOE se da de baja del partido por las facturas falsas de Almería
Un ex alto cargo del PSOE se da de baja del partido por las facturas falsas de Almería
Iván Gómez · Agencias Almería

03 de agosto 2013 - 05:04

Luis Pérez Montoya, ex vicepresidente de la Diputación Provincial y responsable del Patronato de Turismo de Almería cuando se emitieron las facturas falsas que ahora están en investigación judicial, hizo efectiva la renuncia anunciada a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Adra en la mañana del jueves después de haber procedido con anterioridad a formalizar su baja como militante del PSOE de Almería después de haber sido imputado por la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Así fue trasladado en la sesión plenaria que se celebró ayer en el municipio del Poniente almeriense, en la que el alcalde, Enrique Hernando, dio a conocer su renuncia al resto de la corporación municipal alegando "motivos personales".

El ex concejal registró el lunes un escrito en la Agrupación Municipal al considerar que debe estar al margen de cualquier cargo público mientras se esclarece si cometió algún delito durante su etapa al frente del Patronato Provincial de Turismo en la anterior legislatura de la Diputación. El propio ex vicepresidente afirmó a esta redacción que renuncia a su acta de concejal para "estar absolutamente libre y poder dedicarme a demostrar lo que debería presumirse, la inocencia". "Ya no soy militante del PSOE ni concejal del Ayuntamiento de Adra, una prueba de que se puede dimitir en política aunque no hayas hecho nada malo, no como el señor Rajoy".

El Juzgado de Instrucción número 6 de Almería ordenó su ingreso en prisión eludible bajo fianza de 12.000 euros hasta el 31 de julio que ya fue depositada. Pérez ha sido citado a declarar en al menos dos ocasiones por el magistrado, quien trata de esclarecer el paradero de unos 460.000 euros que habrían sido presuntamente malversados a través de la emisión de un centenar de falsas facturas de viaje entre 2009 y 2011.

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