Chaves, Griñán, Zarrías, Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo, Viera, Martínez Aguayo, Antonio Fernández, el lienzo de toda una época. Cinco, diez, quince años, los lustros dorados de las ayudas y las subvenciones, el maná de Bruselas, dos presidentes, sendos vicepresidentes, consejeros, directores generales y hasta un interventor general. La Fiscalía ha solicitado la inhabilitación y penas de prisión para todo el que fue alguien en los gobiernos andaluces desde el año 2000, aunque dos nombres propios lo resumen: los de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, presidentes entre 1990 y 2013. Ambos fueron ministros en los gobiernos de Felipe González, ambos fueron presidentes de la Ejecutiva federal del PSOE, y uno, Pepe Griñán, sucedió al otro, Manuel Chaves en el año 2009, después de que José Luis Rodríguez Zapatero metiera prisa para desatascar una sucesión que llevaba varios años pospuesta. La instrucción de la juez Mercedes Alaya, cuyas tesis avalaron tanto por el Supremo como por la Fiscalía Anticorrupción, sopló como un vendaval y sacó de los libros a más a gran parte de la historia de la Junta; Chaves y Griñán, a diferencia de sus antecesores, aún no tienen un cuadro en el palacio de San Telmo. La dirección del PSOE andaluz respondió ayer con un escueto comunicado a la petición de la Fiscalía, en la que básicamente defendía la honorabilidad de los ex presidentes y recordaban que éstos habían asumidos sus responsabilidades políticas.

Y es cierto, ninguno de los 26 procesados está ya en la Junta, lo que limita la repercusión política de la petición del ministerio público, los ex presidentes tuvieron que dejar sus escaños en el Congreso y en el Senado, por la presión de Ciudadanos, que impuso su salida para apoyar la investidura de Susana Díaz. Defensa de la honestidad, pero también un tanto de tierra de por medio entre los ex presidentes y la nueva etapa, en la celebración del último 28 de febrero, por ejemplo, estuvieron Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla, pero a los dos últimos no se les avisó.

Aunque las repercusiones políticas están descontadas, la petición de la Fiscalía llega como un salvavidas lanzado al PP, ahora que la investidura de Mariano Rajoy se ahoga entre los casos de Soria, de Matas y del partido en Valencia, cuyo último hito es la defenestración de Rita Barberá. Si el PSOE ha subrayado que los ex presidentes ya asumieron sus responsabilidades -en junio de 2015 dejaron los escaños- ha sido para enfrentarlos con el caso del PP, que no ha podido sacar del Senado a Rita Barberá.

El PSOE, envuelto durante estos días en una dura pugna interna, no responde al unísono, y ya hay en Ferraz quien opina que esto es un golpe muy fuerte para el partido, pero más para la dirección del sur y para Susana Díaz. La política no es un mundo para hacer amigos.

En el PSOE todos defienden la inocencia de sus ex presidentes, nadie; ni siquiera en la oposición se les acusa de un beneficio personal, ambos están retirados de la política y viven de una pensión ordinaria, ya que Griñán eliminó los beneficios que los ex presidentes recibían con la jubilación. Conocen cómo de mal están, y se lamentan de este penoso final de sus vidas políticas.

Las altas penas de prisión solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción han vuelto a caer como mazazos sobre la dirección del PSOE andaluz, seis años para Griñán son demasiados, se entiende en este partido, donde se culpa al ministerio público de intentar compensar los casos que sacuden al PP con este de los ERE, justo dos días después de que el Supremo abriese una investigación contra Rita Barberá.

El Gobierno andaluz no emitió ayer ningún comunicado, de momento no hay valoración, aunque un portavoz explicó que se adherían al escrito de la dirección andaluza del PSOE. A pesar de que la juez Alaya se afanó en buscar una prueba de la financiación ilegal del partido, lo cierto es que no encontró nada, como tampoco halló el enriquecimiento de los principales encausados, más allá de las caras golferías de Francisco Javier Guerrero, el ex director general de Trabajo. La acusación contra lo que algunos han calificado como un régimen de favores se sostiene en la declaración del interventor general de la Junta de entonces, Manuel Gómez, que puso de relieve las irregularidades del sistema de ayudas a los prejubilados en varios informes; nadie atendió esas llamadas de modo conveniente, según los jueces, ni siquiera él mismo, para quien el Fiscal solicita seis años de cárcel por un delito continuado de malversación. Y es que el interventor, a pesar de los duros avisos, nunca los calificó como de informe de actuación, la línea roja que hubiera obligado a actuar.

El sustituto de Alaya para este caso en el juzgado número 6 de Sevilla, Álvaro Martín, elevó la gravedad de la instrucción cuando adjudicó a José Antonio Griñán un delito de malversación de fondos por el tiempo en el que estuvo al frente de la Consejería de Economía. Era a él a quien se dirigían, entre otros, los informes del interventor. No se esperaba que la malversación llegase hasta Griñán, pero hay quien sostiene que una acusación similar a la de Manuel Chaves, la de prevaricación, no era lo suficientemente fuerte como para sostener las otras piezas de los ERE, las que juzgará a los defraudadores.