Caso de los ERE

La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de cárcel para Griñán y diez de inhabilitación para Chaves

  • Cifra el fraude en 741 millones, que deben devolver a la Hacienda Pública andaluza los acusados de malversación, de los cuales más de 483 millones se los reclama a Griñán y a otros procesados.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este jueves una condena de seis años de prisión y otros 30 años de inhabilitación para el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, que está procesado por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación en relación con el fraude los ERE, mientras que al ex presidente Manuel Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, según ha informado la Fiscalía General del Estado.

La Fiscalía de Sevilla ha pedido la misma pena de seis años de prisión y 20 de inhabilitación absoluta por el delito continuado de malversación para la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo, para el ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas, el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez y para el director general de Idea Antonio Valverde.

A otros 12 ex altos cargos, la Fiscalía eleva su petición por el delito de malversación hasta los ocho años de prisión y la misma pena de inhabilitación. Es el caso de los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez Contreras, así como para los ex secretarios generales de Empleo Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo, y los ex directores de Idea Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano Aguilar.

La Fiscalía pide que estos 18 acusados a los que se atribuye el delito continuado de malversación respondan además solidariamente de la “devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2000 a 2010 del programa 31L y 22E”, y establece para ello distintas cuantías que tendrían que devolver.

Anticorrupción cifra la cuantía del fraude, es decir, la cantidad que deben devolver de forma solidaria estos 18 acusados por malversación en más de 741 millones (741.596.545 euros) en la década en la que estuvo funcionando el sistema (2000-2010), de los cuales la Fiscalía considera que Griñán debe devolver solidariamente junto a otros acusados más de 483 millones de euros, en concreto, 483.937.659 euros, por las ayudas concedidas entre los años 2005 y 2010.

En cuanto al delito continuado de prevaricación, que la Fiscalía atribuye a los 26 ex altos cargos, reclama una pena de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Además de los ex presidentes, el fiscal imputa este delito a la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez y al ex consejero Gaspar Zarrías, entre otros.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de conclusiones provisionales en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, después de que el juez de refuerzo Álvaro Martín dictara el pasado 31 de mayo un auto de procesamiento en el que puso fin a la instrucción que se había iniciado cinco años atrás por la magistrada Mercedes Alaya. En esa resolución, el juez procesó a 26 ex altos cargos de la Administración andaluza, entre los que se encuentran los dos ex presidentes, por su presunta intervención en el denominado “procedimiento específico” por el que se concedieron las ayudas públicas durante una década.

En el auto de procesamiento, el juez reprochó a los ex presidentes que conocían las irregularidades relacionadas con las subvenciones y participaron del “plan” establecido en el año 2000 para eludir los controles de la Intervención y que permitió la “falta de control sobre los fondos públicos destinados a subvenciones o ayudas”. Chaves “impulsó” la implantación del sistema y Griñán lo “mantuvo”, aseveró el juez, que rechazó la “aducida ignorancia” de los ex presidentes por todo el tiempo en el que estuvo funcionando el sistema, al considerar asimismo que las deficiencias del sistema fueron “buscadas como fines”, al instaurar un procedimiento “particularísimo” para otorgar las ayudas.

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