La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto diligencias previas por prevaricación administrativa contra el ex consejero de Educación andaluz Luciano Alonso y el ex director del Centro Andaluz de Flamenco Luis Guerrero, por la contratación de este último. La sala se ha declarado competente para investigar a ambos cargos públicos del PSOE -en la actualidad Alonso es parlamentario autonómico y Guerrero diputado provincial en Málaga- tras la querella de la Fiscalía Superior de Andalucía por un presunto delito de prevaricación administrativa como medio de cometer otro de malversación de caudales públicos, ambos con carácter continuado.

El auto expone que, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Guerrero cesó en julio de 2012 en sus funciones como personal eventual en la Diputación de Málaga y Alonso "decidió nombrarle" director del Centro Andaluz del Flamenco "a sabiendas" de que "en ningún caso iba a desempeñar el cargo designado". Consta en las diligencias practicadas por la Fiscalía que Guerrero, "a pesar de su nombramiento como director del Centro Andaluz del Flamenco, durante todo ese tiempo en ningún momento lo visitó, siendo desconocido de las personas que allí trabajaban". La documentación que acompaña a la querella indica que como director de ese centro percibió de la Junta de Andalucía: 13.834 euros en 2012, 36.615 en 2013 y 36.666 euros en 2014.

También recuerda que la decisión de incoar diligencias está en función de que la valoración de la querella "permita entender o no que los hechos en ella expuestos tengan, por sí mismos, relevancia penal y resulten verosímiles". Precisa, a la vez, que "la verosimilitud comporta un grado de convicción inferior a la constatación de indicios racionales de culpabilidad y que por tanto deja intacta la presunción de inocencia".

Según la documentación que acompaña a la querella, Alonso suscribió el nombramiento de Guerrero en dos ocasiones: la primera mediante una orden del 1 de agosto de 2012, vigente hasta el 10 de septiembre de 2013, y la segunda desde ese día y hasta el 12 de junio de 2015. Puesto que los hechos de los que se acusa a Alonso se circunscriben "en el ejercicio de su cargo", la sala se declara competente para la instrucción y, en su caso, enjuiciamiento del caso, "en tanto la persona investigada mantenga su condición de diputado del Parlamento de Andalucía".