El Consejo de Ministros, en una reunión extraordinaria y monográfica sobre el tema de la sequía que tendrá lugar hoy en el palacio de la Moncloa, arbitrará ayudas directas a los agricultores cuyos cultivos están más afectados por la falta de agua. Así lo avanzó la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien adelantó que en los soluciones que se propondrán en la reunión, está lo que denominó “cambio estructural en la gestión del agua” en la que el Gobierno trabaja desde hace tiempo y que combina “las referencias que se han incorporado en los planes hidrológicos, con la necesidad de aprovechar mejor los recursos no convencionales”.

A pesar de que la ministra emplazó al término del segundo Consejo de Ministros de la semana, sí que destacó que tendrán su centro en “aquellos agricultores que tienen una mayor dependencia de la lluvia que no se ha producido este año” y que estas medidas pretenden garantizar la disponibilidad de agua para los productores, así como “el abastecimiento en las grandes ciudades”. Todo ello se encamina a hacer frente a unas sequías que son “cada vez más intensas y frecuentes”, por lo que “es necesario contar con una capacidad de reacción ágil cuando se necesitan nuevas acciones”.

Ribera apuntó a las medidas que el Ejecutivo ya adoptó el año pasado y que considera “imprescindibles” para apoyar al sector primario. Entre ellas se encuentran apoyos en materia fiscal, laboral, social y financiera que “tuvo un impacto de 450 millones de euros”. Además, se concretaron aplazamientos de cuotas sociales para empresas y autónomos, una rebaja de las deducciones del IRPF en el sistema de módulos y cantidades para préstamos bonificados.

Rechazo generalizado

No es previsible que las medidas adoptadas cuenten con el apoyo del principal partido de la oposición, a tenor de las manifestaciones del presidente de la Junta de Andalucía tan pronto como conoció la celebración del Consejo de Ministros. Así, Juanma Moreno calificó la medida como “electoralista”, ya que a su juicio el Gobierno “se ha dado cuenta que ha metido la pata”, porque “no se puede ir por la vida sin tener un discurso del agua y sin hacer política del agua”.

El presidente de la Junta añadió que no espera “nada” de la reunión, porque no se puede estar entre en negacionismo de algunas formaciones políticas de que venía el cambio climático y la indolencia de otros”, y puso como ejemplo la “soberbia del Ejecutivo ante el problema de los regadíos de Doñana, que han sudo incapaces de sentarse con el Gobierno de la Junta”. De parecida opinión, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, también se apuntó al “electoralismo y la estrategia de campaña” de la medida que pidió que “sean consensuadas con las comunidades autónomas” y que no sea “un simple anuncio para tratar de arañar un puñado de votos”.

Toni Martín, el portavoz parlamentario del PP, insistió en el argumentario del partido en las últimas semanas, esto es, en las medidas adoptadas por el Ejecutivo autonómico “pese a que tiene sólo una cuarta parte de las competencias en esta materia en la comunidad autónoma” que ascienden a “más de 140 millones de euros” y el gobierno central con “tres cuartas partes, sólo ha invertido nueve”. Martín tiró de ironía para calificar de “ironía” el anuncio de medidas urgentes “el mismo día en el que empieza la campaña electoral” y concluyó con que éstas “no hay que anunciarlas, sino que hay que ejecutarlas”.

De hecho, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez-Feijóo, cuantificó las mismas en “unos 40.000 millones de euros” lo que supondría doblar la actual partida destinada a unas obras que “llevamos meses planteando que se trata de un problema estructural que lleva cinco años sin acometer por prejuicios ideológicos”.

Curiosamente, uno de los socios de Gobierno, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, compartió la misma opinión que los populares, ya que pidió al presidente del Gobierno “que no haga electoralismo” y que “ponga soluciones” a un problema que es mundial; “que no nos acusemos entre nosotros de que no llueva”.

Tercer decreto

Por otro lado, el pleno del Parlamento andaluz acogerá la próxima semana el debate sobre la convalidación del tercer decreto-ley del Gobierno andaluz contra la sequía, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 25 de abril, según el orden del día aprobado por la Junta de Portavoces El Pleno comenzará el miércoles con el debate de convalidación o derogación de dicho decreto ley por el que se aprueban medidas adicionales para paliar los efectos producidos por la situación de excepcional sequía a los usuarios de las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de Andalucía y se adoptan medidas urgentes, administrativas y fiscales, de apoyo al sector agrario.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, consideró que el problema de la sequía tanto en España como en Andalucía es “la crónica de un déficit hídrico estructural” motivado por “la falta de infraestructuras que no hemos sabido poner en marcha”.

“Agua tenemos pero no la sabemos aprovechar adecuadamente”, sostuvo González de Lara quien añadió que la sequía “no solo delimita un sector económico, sino que afecta al sector agroalimentario, al comercio, la agricultura, la industria y el turismo”. “Se trata de un problema “transversal” y “extremadamente perjudicial” para todos que ha definido como “la crónica de un déficit hídrico estructural” motivado por “la falta de infraestructuras que no hemos sabido poner en marcha”. El presidente de la patronal andaluza concluyó en cualquier caso que “no es tiempo de señalar culpables, sino de buscar soluciones y los empresarios estamos en esa línea”.