El único alto cargo al que la Junta pagó su defensa pide que se devuelva el dinero

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera, uno de los ex altos cargos de la Junta imputados en el escándalo y el único al que la Administración andaluza había pagado el coste de su defensa, ha solicitado a su ex abogado Pedro Apalategui la devolución de los 18.000 euros que abonó la Junta por sus honorarios.

Daniel Alberto Rivera presentó el pasado 26 junio, varias semanas antes de que se produjera la polémica por el pago de la defensa a los altos cargos imputados en el caso de los ERE, un acto de conciliación frente a su antiguo letrado, Pedro Apalategui, que le asistió tras su imputación por la juez Mercedes Alaya, haciendo varios recursos y ejerciendo su defensa en la declaración que tuvo lugar el 11 de julio de 2012 en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. En aquella declaración, Rivera fue asistido por la abogada Regina Apalategui, hija del letrado designado, y sólo unos días después, en concreto, el 16 de julio, el ex director de Trabajo cambio de abogado defensor.

El nuevo letrado que le representa ahora, José Estanislao López, recuerda en el escrito en el que ha planteado el acto de conciliación que la Consejería de Empleo abonó 18.000 euros a Apalategui, una cantidad que el propio Rivera completó con la entrega de otros 5.000 euros. En total, el coste de la defensa ascendió a 23.000 euros. Tras el cese de Rivera como director general de Trabajo, todos los gastos de procuradores y letrados que intervienen en su asistencia jurídica han sido sufragados por él "con la ayuda de su familia".

En la conciliación previa a la demanda, Rivera señala que sólo unas semanas después, el abogado Pedro Apalategui, pasó a defender en la misma causa al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá Salvador y advierte de que esta defensa la asumió "sin requerir su consentimiento", a pesar de que esta defensa "detenta o pudiera detentar, a lo largo del procedimiento, intereses contrarios" a los suyos por estar ambos imputados por delitos similares. Por ello, Rivera considera que su antiguo abogado, Pedro Apalategui, "por acción, omisión o imprudencia grave, ha perjudicado manifiestamente los intereses de defensa que le fueren encomendados" por Daniel Alberto Rivera. El escrito reclama una indemnización, en concepto de "daños y perjuicios" de 3,5 millones de euros -hipotéticos honorarios que el ex viceconsejero de Empleo tendría que abonar en concepto de honorarios a Apalategui-, pero el abogado José Estanislao López explicó que, en realidad, lo que está reclamando Rivera es únicamente la devolución de los 18.000 euros que abonó en su día la Junta, algo que se concretaría tras el acto de conciliación.

La pasada semana, la Junta rechazó que vaya a pagar la defensa de los altos cargos imputados en los ERE, tan sólo unas horas después de que el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, explicara que, de acuerdo con el reglamento de los servicios jurídicos, estos cargos podrían pedir el pago de la defensa. El PP-A, que está personado en la causa, anunció que pedirá a Alaya que expulse a la Junta como acusación particular, después de que la Administración haya recurrido el auto en el que fue imputada la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez y otros 19 altos cargos.