Una defensa que ataca frontalmente el planteamiento de la juez Mercedes Alaya. El ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández aseguró ayer a la magistrada que investiga el escándalo relacionados con las ayudas públicas vinculadas a los ERE que el sistema por el que se concedían las subvenciones "era y sigue siendo legal", dado que lo conocía el Consejo de Gobierno de la Junta "porque no había nada ilegal".

Después de permanecer 14 meses imputado sin ser citado a declarar, el ex titular de Empleo aprovechó la primera jornada de su declaración en el Juzgado de Instrucción número 6 para tratar de desmontar el error del que, en su opinión, parte la juez del caso con respecto a la ilegalidad de las ayudas. Fernández reconoció que las ayudas eran "discrecionales, pero no arbitrarias", y también admitió que se concedían por un "criterio político" de mantener la paz social y ayudas a empresas en crisis, como había defendido anteriormente el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que está en prisión desde marzo.

El ex consejero reconoció igualmente que existía y aún persiste un vacío reglamentario por lo que se refiere al sistema de concesión de las ayudas sociolaborales, las que se otorgaban a trabajadores vinculados a prejubilaciones y Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), y a las ayudas directas a empresas.

La juez Alaya, que tiene previsto realizar 200 preguntas al ex consejero, le preguntó sobre los requisitos para conceder esas ayudas, a lo que Antonio Fernández contestó diciendo que había unos "requisitos de hecho" que en el caso de las ayudas sociolaborales consistían en que hubiera "una solicitud, con nombres y apellidos", y en segundo lugar se tenía en cuenta el concepto del "territorio", en función del nivel de paro de la zona.

A lo largo de su intenso interrogatorio, que se prolongó hasta las 23:00, la instructora formuló varias preguntas intentando averiguar el grado de conocimiento que podían tener del sistema el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y su antecesor, Manuel Chaves. Alaya preguntó en concreto si Chaves, Griñán y el Consejo de Gobierno conocían la operativa del convenio marco, a los que Fernández respondió afirmativamente.

La juez fue incluso más allá al preguntar si a Griñán, como una persona experta tras su paso por el Ministerio de Trabajo, se le pidió algún tipo de asesoramiento en la elaboración del convenio marco, a lo que el ex consejero de Empleo respondió que "no le consta".

Fernández también dijo que otro requisito consistía en que los beneficiarios tuvieran al menos 55 años, momento en el que la juez le reprochó que la edad de muchos de los trabajadores que accedieron a las mismas era de sólo 52.

En su declaración, que avanzó de manera muy lenta debido a las nuevas preguntas que la juez hacía cuando el ex consejero daba una respuesta, Antonio Fernández defendió que no había que dar publicidad a estas ayudas porque las organizaciones sindicales y empresariales las conocían a través de los acuerdos de concertación y porque estaban recogidas en la ley de presupuestos, momento en que la juez preguntó de forma irónica al imputado sobre si creía que los empresarios consultaban esta ley para conocer las ayudas.

El ex consejero, a quien la instructora imputó hasta seis delitos, dijo que el nuevo sistema de transferencias de financiación al IFA que se estableció a partir del convenio marco de 2001 -por el que se reguló la concesión de las ayudas- era "más operativo y global" y posibilitaba cumplir los objetivos del Consejo de Gobierno para "ayudas a trabajadores, empresas en crisis y a zonas de Andalucía".

Según el ex titular de Empleo, el sistema no pretendía evitar la fiscalización de los órganos de control de la Junta, como entiende la instructora del caso.

Antonio Fernández afirmó que el Consejo de Gobierno fue informado del cambio de sistema porque el mismo mes en que se suscribió el convenio marco se acordó una primera transferencia por importe de 78 millones de euros.

Sobre los reparos que la Intervención General de la Junta presentó al sistema, Antonio Fernández indicó que fue informado de los mismos por el entonces viceconsejero, Agustín Barberá - también imputado-, pero subrayó que "consideraron que seguía siendo viable". El ex consejero llegó a afirmar a la instructora que de haber conocido nuevos informes en contra en los años posteriores habría seguido aplicando el sistema, remarcando de esta forma su confianza en la legalidad de un convenio para cuya redacción, según dijo Fernández, no se pidió el asesoramiento del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía.

La declaración de Antonio Fernández ante la juez Alaya continuará hoy a las 10:00 y podría seguir en los próximos días.