El dueño de la aseguradora Uniter, José González Mata, uno de los 187 imputados en la causa de los ERE fraudulentos, ha solicitado a la juez Alaya que le conceda una pensión alimenticia de 3.000 euros mensuales para poder sustentarse a sí mismo y a su familia. El empresario alega que con las diversas medidas adoptadas por el juzgado se le ha "desposeído de todo, se le ha cercenado su anterior actividad y se le ha obligado a recomenzar su vida para procurar el sustento de sí mismo y de su familia" y añade que hoy "carece de medios económicos con los que atender a sus necesidades más básicas".

Por otra parte, Alaya ha rebajado de 20.000 a 10.000 euros la fianza al último imputado que sigue en prisión, el directivo de la aseguradora Vitalia Eduardo Pascual, en la octava disminución que se produce sin que éste haya conseguido reunir el dinero. En un auto, Alaya asegura que "persisten todos y cada uno de los motivos" que llevaron a encarcelar a Pascual hace trece meses, pero visto el tiempo transcurrido parece deducirse que esa cantidad "resulta inasequible para que pueda gozar de libertad provisional".