Es sabido que el ex consejero Antonio Fernández (Jerez, 1956) era un negociador correoso, que se forjó en CCOO, después en las tripas del PSOE y, más tarde, como viceconsejero y consejero de Empleo en todos los conflictos laborales de Andalucía. Y de todos es sabido que la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, es una instructora puntillosa, estudiosa y, en sus interrogatorios, casi inquisitoria, así que el choque de trenes que se vive durante este fin de semana en los juzgados de Sevilla estaba asegurado.

Antonio Fernández entró a trabajar de chico de los recados en González Byass con 14 años; desde allí estudió el Bachiller y, posteriormente, se sacó la licenciatura de Derecho. Entró a formar parte del comité de empresa de la bodega jerezana, y en 1983 dejó la compañía para dedicarse a la política, a una concejalía en el Ayuntamiento de Jerez. Lo fichó Luis Pizarro, quien fuera uno de los hombres fuertes de Manuel Chaves en el PSOE andaluz y hoy es parlamentario raso, y fue a él a la única persona que le comunicó hace tres meses que dejaba su partido, y lo hizo al estilo Fernández: dejó de pagar las cuotas. "A mí nadie me va a echar", comentó el ex consejero, que ya daba por hecho que la juez Alaya le terminaría imputando por varios delitos. Tiempo ha tenido.

La juez le anunció la imputación el 14 de marzo de 2011. Ha tenido casi 13 meses para preparar una defensa de la que no quiere bajarse: que el sistema de ayudas que la Consejería de Empleo acordó con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en 2011 es legal, que desconocía que hubiera intrusos que cobraban prejubilaciones de modo irregular y que los reparos de la Intervención nunca advirtieron menoscabo de fondos públicos. "Deje de andarse por las ramas, y acójase a su derecho a no declarar", le espetó ayer la juez. Pero Fernández sigue en el erre que erre, y anoche daba por hecho de que podría seguir declarando hasta el lunes. Según uno de sus allegados, va preparado para todo, para las medidas cautelares más duras, pero es difícil que se rompa su correa.

Fernández fue uno de los dirigentes socialistas con más poder en la provincia de Cádiz durante años, permaneció 11 como concejal de la oposición al alcalde jerezano Pedro Pacheco y, después, entró en la Junta: primero como delegado de Agricultura y, posteriormente, en Empleo, donde fue viceconsejero entre 1995 y 2004 y, posteriormente, consejero hasta 2010, cuando el presidente José Antonio Griñán lo sustituyó por Manuel Recio. Fue él quien en 2008 echó al principal encausado de l caso, el ex director general, Javier Guerrero, después de intentar que éste se desintoxicase.

Fernández nunca fue un líder histórico del PSOE, más bien un ejecutor, un hábil negociador que sabía que la llamada paz social de Andalucía se sustentaba en tener contenta a la trinidad: CCOO, UGT y la Confederación de Empresarios de Andalucía, a las que nutrió con ayudas y favores casi a diario.

Junto a Pizarro, y los ex consejeros Martín Soler y Cinta Castillo, formaron el grupo del Gobierno de Manuel Chaves que presionó para que el sucesor del presidente fuera José Antonio Griñán una vez que José Luis Rodríguez Zapatero decidió que el cambio debía de acelerarse en el partido. Todos ellos acabaron mal con Griñán, enemistados: a Fernández y a Cinta Castillo los sacó de las consejerías de Empleo y Medio Ambiente después de hacerse con la secretaría general del PSOE andaluz en marzo de 2010; Martín Soler no aceptó las dos ofertas que le hizo, y Pizarro le dimitió meses después como consejero de Gobernación.

Cuando, tras su destitución, se convirtió el presidente del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez, la secretaria de Organización del PSOE, Susana Díaz, le comunicó que debía dejar su puesto de parlamentario. Hubiera sido un seguro contra su imputación, pero Díaz forzó la salida.

Griñán decidió dejar de contar con Fernández después de que éste se negase a destituir a su delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, por el caso Mercasevilla, pero lo que molestó en la nueva dirección del PSOE andaluz fueron las ayudas a las prejubilaciones que el consejero dio su antigua empresa, González Byass, en la que figuraba como trabajador en excedencia. Fernández salió en ese ERE. Uniter, la aseguradora de las ayudas a los prejubilados, le hizo una póliza de 386.000 euros, que, sin embargo, nunca llegó a cobrar. La juez le acusa de que sólo renunció formalmente a ella cuando estalló el caso judicial, pero el ERE es de 2008 y hasta 2010 no salió de la Consejería. Un filón que Alaya ha estudiado con todo detalle, y va a utilizar como un talón de Aquiles.

El ex consejero está convencido de que él no es el vértice de la pirámide que la juez apuntó en uno de sus autos. Que va más arriba, y que va a por Gaspar Zarrías, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Por eso él cree que la Junta se equivoca al no defender con mayor ímpetu el sistema; por eso casi no se habla con los consejeros de Griñán y la nueva dirección socialista. "Soy consciente de que esta mujer -dijo por Alaya a la salida de los juzgados el viernes por la noche- me ha arruinado mi vida civil". Pero, correoso, parece que no va a darle el gusto de derrumbarse.