Entre las dudas que tenía Juanma Moreno sobre la fecha de las elecciones autonómicas estaba el factor relevante del Parlamento. Para colocar los comicios el 19 de junio, el presidente de la Junta ha tenido que disolver la Cámara regional este martes y, por lo tanto, todas las iniciativas que no han finalizado su tramitación se quedan en el tintero. Para que vuelvan, una vez que se constituya el legislativo en la próxima legislatura, los grupos políticos o el Gobierno deben volver a registrarlos, como se comprometió el propio Moreno durante la declaración que utilizó para anunciar la fecha electoral. 

La disolución de la Cámara llegó sólo a unas horas de la celebración de un Pleno en la Cámara que incluía medidas relevantes en su orden del día. Una de ellas era la aprobación (o no) del dictamen final de la comisión de investigación sobre la Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo).

El organismo ha estado funcionando durante casi toda la legislatura, ya que se trató de uno de los compromisos firmados por PP y Cs para aplicar en sus primeros 100 días en el Gobierno, pero se ha quedado al borde de su conclusión. Su actividad ha sido variable, con picos cuando se acercaban periodos electorales (para enfado de la izquierda) y valles en el resto de la legislatura.

Al final, PP, Cs y Vox acordaron un dictamen que responsabilizaba a los ex presidentes Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz de la gestión de esta extinta agencia vinculada a la Consejería de Empleo. En los dos primeros casos, se les culpaba de la creación de una entidad en la que se registraron pagos en prostíbulos con tarjetas de la Administración andaluza, mientras que a Díaz se la señalaba por su papel en la liquidación del organismo público.

La ley de Economía circular y Doñana

El Pleno que no se celebrará también incluía el debate final de la Ley de Economía Circular, el texto estrella de la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible en esta legislatura. Se trata de una de esas normas que el Gobierno del PP y Cs ha negociado con la izquierda ante el rechazo de Vox y que iba a suponer un respaldo para Carmen Crespo. 

PSOE y UP se han implicado mucho en la tramitación del texto que consideraban, al principio, demasiado frugal y centrado en la gestión de los residuos. Vox, por considerarlo cercano a la Agenda 2030, lo rechaza de plano, como ocurre con todas las normas que no encajan en sus planes desde que rompieron la alianza preferente con la Junta, en la primavera de 2021.

En el ámbito del medio ambiente también se queda en el tintero la proposición de ley de los regadíos de la corona norte de Doñana. La polémica norma impulsada por PP, Ciudadanos y Vox no se aprobará en esta legislatura a pesar de que el Parlamento la ha tramitado por la vía de urgencia y se ha quedado muy cerca de llegar al debate final.

El texto que ha provocado críticas airadas de los ecologistas, la oposición de izquierdas y referentes en el espacio natural como Miguel Delibes de Castro tendrá que esperar a pesar de que su aprobación no supondría la ampliación automática de las tierras de regadío de las zonas del Condado de Huelva. La Comisión Europea había alertado de que podría incumplir una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE contra la gestión de las Administraciones españolas en el espacio natural. 

En los cajones del Parlamento quedan la reforma de la ley de Discapacidad que endurece los controles de uso de las tarjetas de aparcamiento para discapacitados y la ley del Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2021-20260. Lo mismo ocurre con la ley de Policías Locales y con la ley de creación de los cuerpos de auditores e interventores dentro de la Administración, entre otras normas impulsadas por la oposición de menor entidad. 

La ley de Función Pública no llegó a la Cámara

Entre los textos que no han llegado al Parlamento, destaca la ley de Función Pública, uno de los proyectos estrella del consejero de Presidencia, Elías Bendodo. Se trata de una norma que ya está pactada con los sindicatos mayoritarios después de una larga negociación, pero que no ha podido ser tramitada y deberá esperar a la próxima legislatura.

En el Pleno de esta semana estaba prevista también la convalidación del decreto de actualización de los precios públicos de las obras aprobado por el Gobierno para compensar a los contratistas que trabajan con la Junta por la subida de los costes provocada por la crisis de precios y la guerra de Ucrania. Este texto tendrá que abordarse en una reunión de la Diputación Permanente, ya que los decretos del Consejo de Gobierno deben recibir el aval del legislativo en los 30 días posteriores a su aprobación.