Andalucía

El fraude de las ayudas de industria en Cádiz alcanza ya a cuatro técnicos de la Diputación

  • El PP pide que comparezca la Junta por el escándalo de Bahía Competitiva

El presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza (PP), confirmó ayer que ya son cuatro los técnicos del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) que han sido imputados por la Policía en la investigación que se sigue para esclarecer el supuesto fraude de 14,5 millones de euros del plan Bahía Competitiva de ayudas para la reindustrialización. Entre ellos se encuentra Teodoro Garrido quien fuera gerente del IEDT en el último mandato de Francisco González Cabaña como presidente de la Diputación y que lo sigue siendo a día de hoy.

A estos cuatro imputados hay que sumar María José Valencia, que era la diputada de Empleo encargada del IEDT en el último Gobierno socialista de la Diputación, al ex gerente del plan Bahía Competitiva, Antonio Perales, y a la cúpula del Ministerio de Industria del Gobierno de Zapatero.

Las nuevas imputaciones del IEDT fueron confirmadas ayer por Loaiza en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en la sede del PP de San Fernando en la que el presidente provincial de esta formación, Antonio Sanz, anunció que ya ha pedido la comparencia urgente del Gobierno andaluz "para que explique toda la verdad acerca del escándalo" en torno a la desaparición de los millones concedidos para la reindustrialización que jamás llegaron a la Bahía. Sanz demanda además que "se depuren responsabilidades políticas a todos los niveles por este robo".

"Lo que estamos conociendo en las últimas horas es de enorme gravedad, ya que estamos hablando del robo de muchos millones de euros que estaban destinados por el Gobierno central y la Junta para traer a la provincia industrias y empresas que crearan empleo", reflexionó el también parlamentario andaluz del PP por Cádiz. Sanz añadió que "lamentablemente no es de extrañar los datos de paro que tiene la provincia si cada política que pone en marcha la Junta en materia de empleo acaba en un caso de corrupción, en un escándalo y en un robo de dinero".

El presidente provincial del PP exigió igualmente a la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, "que explique por qué ha cesado de inmediato a María José Valencia -concejal de Sanlúcar y ex diputada provincial de Empleo- y no lo ha hecho con los otros miembros de su ejecutiva provincial que también están imputados".

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