La comparecencia del consejero de Función Pública, José Antonio Nieto, en el Parlamento de Andalucía en la tarde de ayer, dejó contentos a los más de mil interinos que serán cesados en las próximas semanas al no conseguir formar parte de los procesos de estabilización determinados tras la aprobación de una norma estatal (la Ley 20/2021) que les impedía consolidar unas plazas que ocupaban, en algunos casos, desde hace más de tres décadas.

El compromiso de la Junta de Andalucía, es que todos ellos se integren en una bolsa preferente de vacantes que, desde la Consejería, se han comprometido a crear de manera inmediata y que se les tenga en cuenta esa experiencia a la hora de acceder a los puestos que puedan convocarse a partir de ahora. Nieto reconoció que “legalmente no se puede hacer más, ya que por un lado arrastramos muchos años sin que estas personas hayan visto consolidadas sus plazas y, por otro, tenemos una ley estatal que impide la renovación automática de las mismas, ya que los procesos de consolidación se llevaron a cabo con anterioridad a la misma y es la que nos impide modificarlos de ninguna manera”.

Por ello, el responsable del ejecutivo, quiso pedir al Gobierno central “que nos permita la mayor flexibilidad posible a la hora de poder dar una solución a estas personas y a sus familias que están pasando unas situaciones desgarradoras”.

El consejero, que departió con una representación de los interinos que asistía a la sesión plenaria, esgrimió el Decreto 12/2022 como una de las posibles herramientas que se pueden utilizar a la hora de buscar una salida a estos interinos que “desgraciadamente cesarán en sus funciones entre abril, mayo y junio próximos”. Esa normativa es la que permite la creación de una “bolsa preferente”, la única solución posible según la legislación nacional que impide ir más allá en la ejecución de sus políticas de consolidación de puestos de trabajo, a la espera de conseguir “una aclaración por parte del Gobierno central para que nos diga hasta dónde podemos llegar”.

Por su parte, el portavoz socialista de Función Pública, Víctor Torres, reclamó a la Junta que “adopte soluciones y medidas” para hacer frente al problema de más de un millar de interinos que van a ser cesados y que la Junta no ha procedido a su estabilización” y añadió que “siguiendo el mandato dado por Juan Espadas de ejercer una oposición constructiva”, Torres aseguró que “estamos abiertos a la negociación” para tratar de dar una solución a la problemática que atraviesan las personas afectadas. Entre esas soluciones se encuentra el proyecto de Ley de Función Pública que está en la actualidad en trámite y en el que se ha incluido una enmienda que concede al Gobierno andaluz, más posibilidades a la hora de adjudicar y estabilizar a buena parte de su plantilla, por lo que el portavoz del PP en esta materia, Francisco Bueno, pidió al resto de grupos “que la respalden”.

Las intervenciones de Adelante Andalucía y Por Andalucía, reclamaron la intervención del Gobierno de la Junta para evitar los ceses y resolver la situación de personas que se encontrarán de inmediato “en una situación de vulnerabilidad, ya que en su mayor parte tienen más de 50 años y son mujeres”, mientras que desde Vox se acusó a los gobiernos anteriores de “haber utilizado durante años a los funcionarios como un medio para contratar a amiguetes; se ha jugado con ellos, sin importarles nada”.