La investigación que la Policía Judicial ha emprendido en torno a la "trama" para la utilización fraudulenta de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) sufragados por la Junta de Andalucía alcanza ya a un total de 37 empresas que acordaron planes de prejubilación de sus trabajadores.

Fuentes próximas a la investigación explicaron ayer a este periódico que además de las 12 empresas en las que la Junta ha reconocido que se han detectado hasta 37 intrusos -personas que se acogieron a las prejubilaciones a pesar de que en la mayoría de los casos ni siquiera habían trabajado en estas empresas-, hay otras 23 nuevas sociedades en las que se sospecha que se han podido producir irregularidades.

Estas 23 nuevas empresas tienen en común que sus respectivos ERE fueron gestionados a través de la intermediaria Vitalia Vida, la sociedad donde la Policía Judicial ha practicado un extenso registro en el que intervino 50 cajas de documentación y que se sitúa en el foco de las presuntas irregularidades. Las mismas fuentes han apuntado que, por el momento, la investigación ha constatado la existencia de irregularidades, pero aún no se ha determinado que éstas incluyan la presencia de nuevos falsos prejubilados.

Estas 23 nuevas empresas, junto a las 12 que ha traslado la Junta de Andalucía al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y las dos cuya investigación ha abierto la juez Alaya -relacionadas con los ERE de Hitemasa y el restaurante Río Grande-, elevan las empresas sospechosas hasta las 37, mientras que el número de intrusos en estos expedientes se sitúa en 39 si se tienen en cuenta los casos iniciales del ex miembro de la ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo y la viuda Carmen Fontela.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, dedicó al escándalo de los ERE andaluces buena parte de un acto público con trabajadores autónomos en Jerez de la Frontera. Rajoy espera que haya "responsabilidades políticas" y que haya juzgados que tomen decisiones "a la mayor celeridad posible". Para el líder del PP, el caso "no mancha a Andalucía, que está muy limpia", pero sí es "una burla a todos los andaluces". El asunto, en opinión de Rajoy, es "un drama" de "proporciones monumentales", una "vergüenza", pues hay gente que "se ha apropiado" de dinero público para el empleo. Arenas también se refirió a este caso reiterando que es "el mayor escándalo de la democracia" porque "700 millones de euros" han escapado del control de la Administración y porque es "un insulto gravísimo a los parados andaluces".

Desde el otro bando, el ex presidente de la Junta y actual vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, defendió la "legalidad" de las ayudas concedidas a empresas en crisis por parte de la Junta y arremetió contra las "calumnias" del PP, al que ha exigido que explique la trama Gürtel. Chaves añadió que no tiene ningún dato "para poder dudar" de la gestión que desarrollaron los tres consejeros de Empleo que tuvo en sus gobiernos (Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández).

Según el ministro, cuando fue presidente de la Junta todos los créditos y partidas destinadas a empresas que se encontraban en situación de crisis eran "legales, presupuestadas y aprobadas por el Parlamento de Andalucía". Chaves subrayó que los trámites y los procedimientos a través de los cuales se concedieron las ayudas y las subvenciones a las empresas fueron "todos ellos legales y reglados. Se podrá discutir si fueron procedimientos eficaces o no eficaces, pero fueron todos reglados y absolutamente legales", enfatizó el ex presidente andaluz, que considera una "infamia" del PP que se le pueda acusar a él o a Griñán de que conocían "cualquier irregularidad o ilegalidad".