Los poderes públicos se han visto abocados a la austeridad presupuestaria y a la proclamación de la transparencia, pero esta voluntad no ha descendido hasta el entramado de las empresas públicas de la Junta, la denominada Administración paralela.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, negó ayer que exista "oscurantismo" al ser preguntada por una periodista sobre las lagunas de información que existen sobre estos entes financiados con dinero público. Durante décadas los responsables políticos de la Junta se han desentendido de estas sociedades dejándolas actuar como organismos autónomos y, ahora, depende de hasta dónde alcanza la voluntad de cada consejero y su atrevimiento.

La Junta a día de hoy (Hacienda, que es la que paga) tiene una idea mejor definida de cuántas empresas públicas financia y los datos de explotación se han integrado en el Presupuesto, pero ignora u oculta cuántos empleados públicos tiene cada ente, modo de acceso y condiciones laborales, despedidos, número de directivos y sus salarios, o si han impuesto los recortes que sufrieron el resto de empleados públicos.

Montero cifró en un 5% la media de bajada de presupuesto, y dijo que algunas empresas públicas tuvieron ajustes de un 3% y otras de un 9%. Pero allá cada gerente con las medidas que tome. Lo único que pide la Junta (reveló Montero) es que no haya despidos masivos. IU otorga.

La consejera se comprometió a facilitar un listado de empleados públicos, que según las últimas estimaciones oscila entre 21.000 y 27.000. Pero poco más, salvo la negación del oscurantismo.

La consejera tampoco cifró el volumen de créditos del presupuesto de 2013 y las partidas que no se han ejecutado para alcanzar a final de año el objetivo de déficit del 1,55%, tres décimas por debajo del fijado. La ausencia de datos casa mal con la transparencia.