La Policía deberá pedir permiso al presidente para acceder al Parlamento de Andalucía

La Policía deberá pedir autorización al presidente del Parlamento andaluz para acceder a las instalaciones de la sede. Es la conclusión del informe del letrado mayor de la Cámara andaluza, acerca de los hechos acaecidos el pasado 4 de abril cuando dos agentes entregaron al portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, una notificación en la que se le comunicaba un decreto de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre una querella presentada contra él. Ésta fue interpuesta por dos sindicatos policiales después de que el parlamentario, en una concentración por la muerte del mantero senegalés Mahmoud Bakhum cuando era perseguido por agentes de la Policía Local de Sevilla. García, en aquella ocasión sostuvo que se trataba de un caso de "racismo institucional y de violencia policial". No obstante, el informe consultado por este periódico, defiende que la actuación de dichos agentes fue correcta.

Las conclusiones establecen que a pesar de que "no hay una norma que prevea el deber de solicitar autorización por parte de los agentes de la sede de la Cámara". Dicha autorización, se dice más adelante, correspondería a la "presidencia del Parlamento", al mismo tiempo que recomienda que dicha entrada "se pusiera previamente en conocimiento de la Secretaría General del Parlamento". No obstante, en el caso del portavoz de Adelante, el letrado concluye que "la práctica de la notificación no ha afectado al funcionamiento libre y eficaz de la institución, cuya preservación constituye el objeto de la garantía de la inviolabilidad de la Cámara".

El informe consultado por este periódico reconoce que "en ningún caso parece haber supuesto al diputado una interferencia en el ejercicio de sus funciones como parlamentario, ni parece que hubiera habido una actitud intimidante por parte de los agentes para condicionar las opiniones del diputado" ni se vio afectado "el desarrollo de las sesiones de algún órgano de la Cámara. Antes al contrario, los agentes se limitaron a entregar la notificación al diputado y acto seguido, abandonaron el edificio".

El letrado del Parlamento también expresa su entender acerca de las manifestaciones de García, quien dijo que "la querella de la Fiscalía del TSJA, puede pretender o silenciarme o que adapte mi crítica política a unos estrechos márgenes alejados de las funciones de un miembro del Legislativo", y concluye que esas críticas no afectan a los agentes de policía que entraron en el Parlamento.

Los hechos, según el Jefe de la Unidad de Régimen Interior del Parlamento andaluz, datan del pasado 4 de abril, cuando a las 11:30, unos agentes se presentaron en el control de acceso a la sede del Parlamento de Andalucía. Tras identificarse, manifestaron que tenían una cita con José Ignacio García. El vigilante realizó la llamada preceptiva al grupo parlamentario, siendo atendido por una persona que presta sus servicios en el mismo que se acercó al Patio del León, donde se encuentra el control de entrada. Cinco minutos después, acceder al parlamento desde el aparcamiento de los diputados, el diputado que se acerca al lugar de acceso y recibe y atiende a los dos policías. Entre 15 y 20 minutos después los agentes abandonaron la sede del Parlamento.

La fiscal del TSJA añade que previamente a esos hechos, se contactó vía telefónica en la que se puso a disposición del parlamentario todas las facilidades para que escogiese el lugar, el día y la hora para hacer efectiva la entrega del documento de la querella. "Según consta en el informe, el diputado indicó que quería que se entregara dicha notificación en la sede que tiene su grupo en el Parlamento". La diferencia con la anterior cronología de los hechos, es el lugar donde se produce la entrega del documento, ya que en este caso se señala que fue "en uno de los despachos de las dependencias del grupo Adelante" en la Cámara andaluza.

Este informe parece que pone fin a unos hechos que concluyeron con la absolución del parlamentario por las manifestaciones realizadas en la manifestación por la muerte del mantero, en una durísima sentencia en la que se dejaba claro que lo hacía en defensa tanto de su libertad de expresión, como bajo su condición de parlamentario andaluz. Éste había pedido amparo al presidente del Parlamento el pasado 28 de abril y desde entonces esperaba una respuesta que se ha conocido ahora.