Un total de 229 andaluzas tienen riesgo alto o extremo por violencia de género

La violencia de género es una realidad en las ocho provincias andaluzas. Los dos últimos asesinatos con los que ha empezado el año 2026, el de Pilar de 38 años en Quesada y el de María Isabel, 58 años, en Olvera, no son más que el extremo más grave de una realidad que se refleja en los números que manejan el Gobierno central, a través del Ministerio de Igualdad y el Observatorio contra la Violencia de Género, y el Ejecutivo andaluz a través de la Consejería de Igualdad y el Instituto Andaluz de la Mujer.

Muchos organismos para vigilar, y tratar de paliar, una lacra que se hace más lacerante cada vez. Y cuyo trabajo evita muertes y salva vidas aunque no todas. Lo primero son los fríos datos. En Andalucía hay tres mujeres que viven con un riesgo extremo por violencia de género; es decir, cuyas vidas están seriamente amenazadas por sus parejas o ex parejas. Tienen una protección constante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que les aportan seguridad pero cuya contrapartida es una vida restringida y lejos de sus casas, sus familias y su entorno.

A ellas se suman otras 226 mujeres cuyos casos están catalogados por los profesionales como de “riesgo alto”. También llevan una vida de restricciones, casi a escondidas muchas de ellas acogidas en los centros que la Junta de Andalucía tiene repartidos por toda la comunidad autónoma. En estos centros viven actualmente 731 mujeres con 489 menores que son sus hijos. Llegan a estos centros con urgencia, en muchos casos con lo puesto, y tras haber sufrido años de malos tratos y vejaciones. Desde el Instituto Andaluz de la Mujer explican a este diario que cada año amplían las partidas para estos centros, que han subido un 8% en el año 2025 con respecto al año anterior.

Riesgo bajo

Las estadísticas oficiales del Plan Contra la Violencia de Género dejan otros muchos datos para la reflexión y pueden arrojar luz sobre la dimensión real del problema. Porque hay 23.714 mujeres catalogadas como de “riesgo bajo”, lo que significa que la policía considera que hay pocas probabilidades de una agresión grave o letal, pero se mantiene un seguimiento discreto con contacto telefónico o personal a la víctima, se le informa de recursos y se controla al agresor (avisando si tiene armas), asegurando una protección continua, aunque menos intensiva que en niveles altos, enfatizando la prevención y la información para la mujer sobre sus derechos y los recursos que tiene disponibles.

Los policías que atienden a las mujeres son los que valoran el riesgo que puede correr la vida de la mujer y, a partir de ahí, se ponen en marcha las diferentes medidas de protección. La unidad policial informa a la Autoridad Judicial y a la Fiscalía para poner en marcha el sistema de protección. Hay un dato importante a tener en cuenta. Y es que los agentes hacen su valoración siguiendo criterios objetivos y preguntando a la víctima, agresor, testigos, médicos, técnicos de atención... El nivel de riesgo se puede modificar cuando haya circunstancias que lo aconsejen, bien al alza o bien dejándolos inactivos. Una figura que se utiliza cuando el agresor está encarcelado o ha salido al extranjero o ha fallecido, entre otras cosas.

Los centros de la mujer

Desde el Instituto Andaluz de la Mujer insisten en que hay recursos de atención para cualquier víctima, también aunque no haya denuncia y también para sus familiares o entorno. Los centros municipales de atención a la mujer, que están en la gran mayoría de los municipios andaluces, son una puerta de entrada al sistema accesible y confidencial. En los seis primeros meses del año 2025, se ha atendido a 30.359 mujeres de las que la cuarta parte son víctimas de violencia de género; nueve mil han llegado por primera vez.

El teléfono andaluz de atención a la Mujer, 900 200 999, gratuito, confidencial y disponible 24 horas al día los siete días de la semana, es también un lugar seguro. Lo utilizaron 20.494 mujeres en el primer semestre de 2025.