La primera batalla judicial del Betis comenzó ayer en la sala de vistas del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla, donde el magistrado Eduardo Gómez López deberá resolver sobre la declaración de culpabilidad del concurso de acreedores que realizaron los administradores concursales y que contó con el apoyo de la Fiscalía. Para empezar, y durante las dos primeras horas, el juez se encargó de resolver las cuestiones previas, en las que rechazó de pleno la suspensión de la vista, pese a las peticiones realizadas por las defensas. Ni la recusación por presunta parcialidad, ni las expuestas prejudicialidad civil y penal fueron motivo para que el magistrado diera marcha atrás. "Lo rechazo por temerario y le impongo las costas", llegó a espetar el juez a uno de los abogados de Bitton Sport que insistió en el asunto penal. Eso sí, en el aire queda una posibilidad de que el juicio se declarase nulo, siempre y cuando se atendiera el recurso que una de las defensas anunció que enviará por escrito ante la posible influencia en la acción social de responsabilidad solicitada en su día por el anterior administrador judicial.

Hasta 20 abogados, sentados en los lugares establecidos por el juez, levantaban la voz para cada cuestión. Antonio Jesús González, uno de los administradores concursales, ejercía de portavoz de éstos, con la fiscal, Valle Ávila, a su lado. De los acusados, únicamente Rodríguez-Sacristán hizo acto de presencia, al ejercer él mismo su propia defensa.

El juez, además, admitió a trámite una nueva pericial realizada por Prada Gayoso, a petición de la defensa de Lopera, que se examinará esta tarde, por lo que las declaraciones previstas en principio para hoy, como las de Lopera u Oliver, se retrasaron para el próximo día 12. Posteriormente, el juez también aceptó que la declaración del anterior administrador judicial, José Antonio Bosch, se realice la próxima semana.

La jornada, que comenzó pasadas las diez de la manaña y finalizó a las siete y media de la tarde, se saldó con la defensa de sendas periciales dispares, donde se ahondó tanto en las críticas a la gestión realizada en esos dos años anteriores al concurso como también en los errores que la defensa entiende que los administradores concursales realizaron en su informe. 

El primero en aparecer fue Julio César Calvo Malvar, autor de una pericial a petición de la defensa de Lopera, y que, además, fue auditor de las cuentas del Betis durante tres temporadas. Éste atacó duramente la metodología empleada por los concursales, que tildó de "ilógica", para determinar la deuda del club, al mismo tiempo que defendió que en una gestión se puede tener pérdidas y no ser mala. Su posterior cruce dialéctico con Antonio José González, durante su turno del interrogatorio, fue duro y con una argumentación muy técnica. "Se hizo una apuesta deportiva y como no se subió se llegó al concurso", expuso para justificar el modelo deportivo impuesto por Lopera en su último año. "Se me coló", tuvo que reconocer cuando el administrador concursal lo cuestionó sobre esa ausencia en sus informes de auditorías de esa duplicidad de contrato empleada por Lopera para pagar menos a Hacienda -tenía un acuerdo para depositar el 30% de las ventas-. 

Calvo Malvar, además, justificó que el consejo de entonces no provisionase las actas abiertas con Hacienda por valor de 20 millones de euros, a diferencia del criterio de los concursales. "El principio de prudencia dejó de mandar sobre el de imagen fiel", expuso, aunque posteriormente encontró la respuesta del propio administrador concursal.

El mediático economista José María Gay de Liébana, acompañado por José Sanfeliú, criticó, ya por la tarde, el modelo de gestión utilizado tanto en los dos años previos a la declaración de concurso como en los anteriores y que ya evidenciaban que el Betis no caminaba en la dirección correcta, a la vez que discrepó de otras cuestiones como la existencia de cuentas en la empresa Patrimonial Real Betis. "No tiene sentido, se escoge qué pagar", explicó, al tiempo que apuntó la posibilidad de que fueran para evitar embargos.

La primera batalla judicial del Betis comenzó ayer, con una radiografía del concurso que evidenció el criterio dispar de las partes.