Un acuerdo imposible

Las salidas de tono o cambios de opinión de Luis Oliver desde que desembarcara en Heliópolis se han convertido en una constante. Si el día de su presentación aseguró que lo primero sería convocar una Junta General Extraordinaria de accionistas, luego recularía para incluso asegurar que la preferiría a finales de diciembre. Con otros asuntos como las comisiones cobradas, la aparición del grupo empresarial que estaría detrás de Bitton Sport, la querella a Lopera, el pago del pagaré de la compra o la auditoría de cuentas que colocaría sombras en la gestión de Lopera las idas y venidas han acabado por dejar en nada la palabrería del consejero.

"Son fuegos de artificio, noticia sobre noticia para que no se hable de las cuestiones importantes", aseguran los administradores judiciales nombrados por la juez Mercedes Alaya. Durante la pasada semana, Oliver volvió a hacer uso de su histrionismo para colocar en la órbita pública dos nuevas distracciones en forma de noticia.

Por un lado, el anuncio del cambio del nombre del estadio, que, además de representar su enésima medida populista para intentar alejarse de la figura de Lopera, es un dardo envenenado para los administradores judiciales que ejercerán el gobierno en la próxima Junta, donde se ratificaría ese cambio. Precisamente, Oliver decía hace unas semanas que no podía tomar esa medida por su acuerdo de compra con Lopera, aunque ésta no aparece reflejada en el contrato, como sí ocurría con Bsport. Un nuevo giro a la película orquestada por el empresario navarro.

La segunda la ratificaría el propio Oliver el pasado sábado cuando apuntó a sus conversaciones con el consejero Francisco Nuchera, desaparecido del Betis hasta que su voto se hizo necesario en uno de los últimos consejos. "La noticia de Marca era cierta y existió la reunión entre Nuchera y Oliver. Otra cosa es que sea real el acuerdo", aseguraba Gordillo sobre este asunto.

Y es que en el contrato de compra por parte de Bitton Sport a Farusa aparecen dos cláusulas relacionadas con una posible venta o cesión de las acciones compradas que obligarían a una autorización por parte de Lopera e incluso se fija una posible indemnización de 100 millones de euros.

"La compradora (Bitton Sport) se compromete y obliga a no transmitir, por cualquier acto o negocio jurídico, las acciones adquiridas en virtud de la compraventa, hasta que no haya sido satisfecho el Precio Aplazado y, en su caso, el Condicionado de forma íntegra, y liberados la totalidad de los Avalistas de las garantías prestadas indicadas en el Anexo lI. Asimismo, una vez cumplido los requisitos expresados en el párrafo anterior, en el caso de transmisión a un tercero de las acciones adquiridas por la compradora, dicho tercero deberá aceptar expresamente la totalidad de las obligaciones asumidas por la compradora en virtud de la presente compraventa. El incumplimiento de esta obligación por parte de la compradora facultará a la vendedora para la resolución del presente contrato y de la compraventa, así como a exigir a la compradora, y a sus socios y administradores de forma solidaria con la primera, la cantidad de cien millones de euros en concepto de cláusula penal sustitutoria de la cuantificación de los daños y perjuicios ocasionados, y sin necesidad de justificación alguna", se dice en el contrato.

Además, la cláusula quinta indica que "ninguna de las partes podrá, en ningún caso, ceder o transferir de forma total o parcial, directa o indirecta, ninguno de los derechos y obligaciones que se derivan del presente Contrato sin el expreso consentimiento de la otra. A estos efectos, se considerará cesión indirecta la transmisión de las participaciones sociales de la compradora, así como cualquier cambio de control en los órganos sociales de la misma o cualquier operación societaria de fusión, escisión, cesión global de activo o pasivo de la misma".