Abengoa, que aún se libra pese a la destitución del presidente ejecutivo, Gonzalo Urquijo, y del resto del consejo de administración de la cotizada andaluza, ha puesto en una situación aún más delicada la operación de rescate financiero que se firmó el 6 de agosto y que no se ha ejecutado porque la Junta de Andalucía no reconoce un compromiso formal para aportar 20 millones y se sigue negando a participar por falta de garantías jurídicas e instrumentos legales para hacer una aportación de ese montante sin concurrencia en igualdad de condiciones.

La última prórroga de extensión del plazo para poder ejecutar el contrato cumplió el pasado martes, el mismo día de la junta general de accionistas que destituyó al consejo de administración en la que Urquijo impidió elegir uno nuevo y provocó una situación de acefalia en la multinacional fundada en Sevilla en 1941 por los ingenieros Javier Benjumea Puigcerver y José Manuel Abaurre Fernández-Pasalagua, junto con tres amigos y otros familiares.

Varios acreedores, entre ellos el fondo de inversión KKR, según fuentes conocedoras de la negociación, se resisten a dar una nueva extensión de ese plazo, que se ha prorrogado cinco veces desde el 30 de septiembre, fecha máxima en la que el Gobierno andaluz debería haber formalizado su participación aportando 20 millones a la nueva liquidez, que sumaría así 250 millones, dado que el ICO aporta préstamos por valor de 50 millones y avala el 70% de los 180 adicionales que presta la banca acreedora.

Tras aceptar extensiones el 30 de septiembre, el 15 de octubre, el 23 de octubre, el 6 de noviembre y el 12 de noviembre, varios de los acreedores no dan su autorización para que se amplíe a partir del 17 de noviembre, fecha desde la que Abengoa S. A. no tiene consejo de administración.

En la negativa de los acreedores no sólo pesa que el retraso es de más de mes y medio sin que el Gobierno andaluz cambie de criterio, sino también lo sucedido en la junta general de accionistas, que ha reprobado la gestión de la dirección destituida respecto a la firma de ese contrato de reestructuración financiera y societaria.

De hecho, según confirmó este diario, algunos de los principales acreedores ya ha contactado con Abengoashares, el grupo de accionistas que demostró tener la mayoría en la junta general y que podría presentar una candidatura alternativa al consejo de administración de tres miembros especializados en concursos de acreedores y liquidación de compañías.

Desde la empresa, que aún tiene a Gonzalo Urquijo al mando, como presidente de la filial Abenewco 1, se trabaja para convencerles para lograr esa nueva extensión del plazo, que aún no descartan.

El propio Gonzalo Urquijo comunicó a la plantilla del grupo el martes pasado tras su destitución, en su condición de presidente de Abenewco 1, que la operación de rescate sigue activa. Los minoritarios de Abengoashares interpretaron que con la reprobación decaía.

Tras cada prórroga, Abengoa le ha comunicado al mercado la nueva situación, a través de comunicaciones de información relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

No ocurrió así el pasado martes, ni tampoco ayer, no sólo porque el consejo no tiene miembros ni siquiera secretario y vicesecretaria, que presentaron su dimisión tras el cese, sino porque no tiene las autorizaciones pertinentes, según confirmaron las citadas fuentes. La multinacional andaluza sigue teniendo un departamento de relación con los inversores que podría haber hecho esa comunicación al regulador bursátil.

Además, Abengoa defiende que no tiene una obligación normativa. Ni siquiera la CNMV puede instarla, según las mismas fuentes. La Comisión se limita a ser el instrumento con el que comunica al mercado y da fe de que esa información proviene de la empresa cotizada.

También influye que Abengoa esté en preconcurso de acreedores desde el 18 de agosto, por lo que tiene protección para no poder instar un concurso de acreedores antes de que se ejecute el rescate, y por tanto la ruptura societaria que la sacaría del grupo, que pasaría a estar cotizado por Abenewco 1, hasta el 18 de diciembre.

Esa protección, en realidad, fue ampliada aún más de facto el pasado martes, después de el Consejo de Ministros aprobase una nueva moratoria, hasta el 14 de marzo de 2021, que exime a las empresas insolventes de la obligación de solicitar el concurso de acreedores y deja en suspenso la obligación de los jueces mercantiles de admitir a trámite las solicitudes de concurso necesario instada por acreedores.