LA comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados abrió una nueva etapa en esta legislatura. Fue la primera vez desde que llegó a la Moncloa que Mariano Rajoy se dirigió a los diputados, y a los españoles, sin eufemismos ni verdades a medias: ha rectificado profundamente su programa y lo ha hecho porque no le quedaba más remedio. Para cumplir las condiciones del rescate de los bancos españoles y responder a la flexibilidad de la UE con el compromiso sobre el déficit público, este país ha de afrontar con decisión y coraje un periodo largo de sacrificios, esfuerzos y empobrecimiento. A ello obliga una etapa ya vivida, aún más larga, de alegría en el gasto y en el crédito, burbuja inmobiliaria y derroche de administraciones y ciudadanos, que ahora pasa factura en forma de deuda que ya no puede ser renegociada salvo si España se aprieta el cinturón. Mucho más que hasta ahora: el nuevo ajuste anunciado ayer por Rajoy es aún más draconiano que el de Zapatero en mayo de 2010, aunque ambos tienen en común que contradicen expresa y abiertamente los compromisos electorales de los dos líderes. El mensaje del actual presidente del Gobierno es nítido. No existe libertad para elegir uno u otro camino. El que nos toca recorrer afecta a todos los sectores económicos y sociales con la subida del IVA, golpea especialmente a los parados con la bajada de sus prestaciones y a los funcionarios con la pérdida de una paga extraordinaria y apunta a la disminución de gastos políticos (concejales, ministerios, subvenciones a partidos, sindicatos y patronales) que la sociedad española ya venía demandando insistentemente. No incluye, en cambio, ninguna referencia al necesario adelgazamiento de las distintas administraciones que mantienen estructuras ineficientes o duplicadas. Es un ajuste duro, que se calcula en 65.000 millones de euros de ahorro, de cuyo éxito depende buena parte de nuestras posibilidades de futuro. Si este plan también fracasa, el panorama de esta nación se presenta obviamente sombrío.