Cartas sobre la mesa. El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2010, desvelando por fin la subida de impuestos prevista para el próximo año tras meses de globos sonda y rectificaciones sobre la marcha. El Ejecutivo ha decidido mover ficha en los tres pilares de la política fiscal: consumo, trabajo y capital. Subirá los tipos reducido y general del IVA, suprimirá la deducción de los 400 euros –medida considerada por los expertos como una revisión encubierta de las rentas del trabajo– y elevará la tributación del ahorro. Además, el Estado se guarda ases en la manga. La llamada fiscalidad verde –que supondrá una nueva subida del gravamen sobre las gasolinas, entre otras medidas– se deja para la Ley de Economía Sostenible, que se presentará en un Consejo de Ministros especial que se celebrará en Sevilla el próximo mes de diciembre.

Con estas medidas, el Gobierno prevé recaudar 10.950 millones de euros más en 2010, cifra lejana a los 15.000 millones de euros previstos inicialmente, aunque todavía queda el colchón de la Ley de Economía Sostenible para cuadrar cuentas. El grueso de la subida se aplicará a todos los ciudadanos, con independencia de su nivel de renta. Aun así, el Gobierno sostuvo ayer que la presión fiscal seguirá siendo menor que la que dejó el PP en 2004.

De los tres tipos en los que se divide el IVA, sólo se mantendrá incólume el superreducido, que grava al 4% los alimentos de primera necesidad, como el pan, la fruta o los huevos, medicamentos, libros, material escolar o las VPO. En cambio, el tipo reducido pasa del 7% al 8%. Éste es el que se aplica en la hostelería, transporte, vivienda, salas de cine y espectáculos culturales, asistencia sanitaria, alimentos no incluidos en el tipo superreducido, o en la compra de viviendas. Por último, el tipo general –que grava al resto de bienes y servicios no incluidos en los anteriores– es el que más sube, pasando del 16% al 18%. Según el Gobierno, la subida del IVA atraerá 5.150 millones de euros más, suponiendo que el consumo no se resienta por el incremento de precios que acarreará. Además, puede agravar la situación de las empresas de las empresas, sobre todo de los pequeños negocios, ya que si las ventas caen, muchos optarán por no aplicar la subida del IVA en el precio de venta al público a costa de sus propios márgenes. Según los últimos datos de recaudación, el Estado ingresó por IVA hasta julio 12.500 millones de euros, un 40% menos que en el mismo periodo del año anterior, cifra que evidencia el desplome del consumo en los últimos meses.

Asimismo, la supresión total de la polémica deducción de 400 euros –cuya eficacia fue puesta en duda por el ex ministro de Economía,Pedro Solbes, poco después de que Zapatero la anunciara en el Congreso– permitirá ahorrar otros 5.700 millones de euros.

El tercer punto de la revisión fiscal afecta a las rentas del capital, aunque su impacto en el grueso de las medidas es muy leve, ya que sólo reportará 800 millones de euros más. Esta subida la notarán los titulares de depósitos bancarios, libretas de ahorro, seguros o cualquier tipo de instrumento de ahorro. El incremento impositivo se realizará en dos tramos. Para los que declaren rentas del capital inferiores a 6.000 euros, la tributación aumentará un punto, hasta el 19%. Esta revisión afectará a algo más de la mitad de los contribuyentes españoles, según explicó ayer la ministra de Economía, Elena Salgado, que cuantificó en seis euros anuales el impacto por declarante. A partir de 6.000 euros, la tributación sube hasta el 21%. Salgado explicó que los que declaren 60.000 euros, pagarán 5.000 euros más al año, mientras que los que tengan rentas superiores al millón de euros abonarán 30.000 euros más por ejercicio.

La única bajada fiscal será la del Impuesto sobre Sociedades. Para incentivar el empleo, se reduce temporalmente en cinco puntos el gravamen para las pymes con menos de 25 trabajadores que mantengan o aumenten su plantilla. Además, su cifra de negocio debe ser inferior a cinco millones de euros. La medida supondrá una reducción aproximada de la recaudación de unos 700 millones de euros.