La UE está empeñada en reducir más el uso de fitosanitarios para lograr así una agricultura respetuosa con el medio ambiente y más beneficiosa para la salud humana. Los resultados de la anterior directiva, de 1991, son evidentes: el 70% de las sustancias activas ha desaparecido del mercado. El año pasado se aprobaron una nueva directiva y un reglamento, con los que se pretende dar una vuelta de tuerca a esta política: el recorte de sustancias será entre un 5 y un 10% más.

El Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, inaugurado ayer en Sevilla, está sirviendo para analizar los problemas, retos y oportunidades a los que se enfrenta la agricultura con las nuevas normas.

La directiva plantea como reto conseguir que en 2014 toda la agricultura europea sea integrada, es decir, que combine los controles químico y biológico. Para ello, los gobiernos deberán presentar sus planes de acción a finales de 2011. José Ramón Martínez, de la Dirección de Medios de Producción, afirma que en este semestre el Ejecutivo convocará al sector y a las comunidades autónomas para, con "una tormenta de ideas", comenzar a definir los programas.

El reglamento determina cuáles son las sustancias preocupantes, normales, de bajo riesgo y comunes, y lo hace para toda Europa, aunque diferencie zonas. Los insecticidas han salido mal parados, y eso es perjudicial para Andalucía, que, por su clima, los necesita para combatir las plagas. La secretaria de Medio Rural de la Junta, Mabel Salinas, afirmaba ayer que Bruselas ha tomado las decisiones sin informes previos de impacto.

El reglamento será flexible si hay dificultades para encontrar alternativas. Puede ser el caso de las pulverizaciones aéreas, que han sido prohibidas. Para el arroz y el olivar de montaña, ambos presentes en Andalucía, no hay otro medio de acceder al cultivo. Las plantaciones menores también están en riesgo. En este caso las empresas serán reacias a invertir en alternativas por alto cose y la escasa rentabilidad. Carlos Palomar, director de la patronal Aepla, afirma que desarrollar una sustancia supone de nueve a diez años de tiempo y una inversión de hasta 300 millones.

Los cultivos de invernadero, por su propia naturaleza, son propensos a tener plagas. "En este caso necesitaríamos más variedad de sustancias para reaccionar cuando el insecto genere resistencia", dice Palomar. Los hortofrutícolas almerienses ya han hecho un gran esfuerzo con el control biológico, reconocido incluso por Greenpeace.