En un hecho relevante, el nuevo consejo de Administración de Abengoa -que fue elegido por los accionistas minoritarios en la junta de accionistas del martes- se ha alineado de forma clara con las tesis del Santander y de Gonzalo Urquijo, ex presidente de la firma y presidente de Abenewco 1, y afirma que la única vía de salida de la multinacional es el rescate firmado el pasado 6 de agosto.

Y va aún más allá. Dice que no ejecutar antes del 31 de diciembre la refinanciación acordada con acreedores tendría "consecuencias irreversibles" que conducirían "a la liquidación del grupo, a la pérdida de miles de empleos y a la destrucción total de valor para Abengoa, S.A. y para sus accionistas".

Para realizar estas afirmaciones se basan en una "revisión urgente" de la situación de la compañía que les ha llevado a esa conclusión, tras, dicen, consultar con el equipo directivo, los representantes de los trabajadores, asesores externos y KPMG, la auditora encargada de una valoración independiente.

Los miembros del consejo que han llegado a esa conclusión son Margarida Smith, Jordi Sarrias y Juan Pablo López Bravo, el nuevo presidente. Son los nuevos administradores de Abengoa gracias al apoyo de los minoritarios, que rechazan el rescate y quieren una renegociación del acuerdo. 

Los administradores, pues, han desobedecido el mandato de los accionistas, que les eligieron precisamente para iniciar el camino para una vía alternativa a la actualmente planteada. Primero, han nombrado presidente a Juan Pablo López Bravo, cuando la instrucción era elegir a Clemente Fernández, ex presidente de Amper; y, segundo, nombraron como secretario del consejo a Mario Pestaña Sartorius en lugar de Mario Bouxeda, la persona elegida por los minoritarios. 

Los accionistas ya han amenazado con acciones judiciales y se basan para ello, entre otras cosas, en el mandato de la junta de accionistas del 17 de noviembre, que fijaba una participación de la matriz de Abengoa en Abenewco 1 -de la que penden sus activos- del 20%. Con el rescate actual, la participación de la matriz está condenada a desaparecer.

Los nuevos consejeros se defienden. Afirman que han tenido acceso a información adicional a la disponible públicamente antes de la junta del 17 de noviembre y a datos sobre la situación financiera y de negocio. Y dicen que han comprobado "la existencia de obligaciones vinculantes con terceros" y "la contradicción" entre esas obligaciones y la instrucción aprobada en la última junta general. Es decir: aseguran que cualquier decisión en la dirección que demandan los accionistas pone en riesgo no solo la viabilidad, sino la propia existencia de la compañía.