Los expertos piden eliminar el impuesto de patrimonio y mantener el de sucesiones

La comisión de expertos sobre la reforma tributaria plantea la "eliminación definitiva" del impuesto sobre el patrimonio y apuesta por mantener el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que tendría una tributación mínima en el territorio nacional. Según la propuesta de los expertos, entregada al Gobierno, la comisión apuesta por eliminar patrimonio en línea con "la tendencia que se aprecia en otros países desarrollados", por "sus efectos negativos sobre el ahorro". Además, los expertos justifican la abolición del patrimonio en sus "reducidas recaudaciones y en el hecho de que las posibilidades de planificación fiscal internacional para los patrimonios realmente elevados desvirtúan totalmente su posible contribución a la equidad del sistema tributario".

En cuanto a las sucesiones, los expertos apuestan por la creación de una tributación mínima en todo el territorio nacional. "Esa imposición mínima debería contar con una tarifa impositiva que discrimine exclusivamente en función del grado de parentesco", dice. Los tipos impositivos deberían situarse en niveles reducidos y, conforme a las propuestas de la Comisión, en un rango entre el 4 y el 10%. Los expertos justifican el mantenimiento del impuesto de sucesiones en "la mejora de la igualdad de oportunidades y en favorecer la equidad del sistema".

En cuanto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos, el comité apuesta por reducirlo "hasta su desaparición, al introducirse el nuevo IBI". El comité opina que este impuesto, que se paga por la transmisión de viviendas y coches de segunda mano, "grava la transmisión de un bien ya gravado por el IVA, por lo que lo considera eficiente al desincentivar la realización de transacciones".

Piden subir IVA reducido al 21% menos vivienda, turismo y transporte

Otra de las medidas que propone este comité de expertos es que los productos y servicios gravados con el tipo reducido del IVA (10%) pasen al tipo general (21%), excepto los que gravan la vivienda, el turismo y el transporte público. En su informe, señalan varias excepciones, entre ellas la del tipo de IVA que grava la vivienda y que no consideran adecuado desplazarlo al tipo general, debido a las dificultades que introduciría en el proceso de liquidación del stock de viviendas nuevas que actualmente están sin vender.

También inciden en que modificar el tramo que grava los bienes y servicios del sector turístico perjudicaría la competitividad en España y cree que subir el tramo de IVA sobre el transporte público también tendría un impacto sobre la oferta de trabajo. Asimismo, los expertos argumentan que sólo sería aplicable el IVA general al sector turístico si se combina con una reducción significativa de las cotizaciones sociales. El comité de expertos entiende que esta elevación del tipo reducido al general se debe hacer en "aras de mejorar la capacidad recaudatoria del IVA español" por lo que urge a que el desplazamiento al tipo del 21% afecte al "mayor número de bienes y servicios posibles".

En cuanto al IVA superreducido, el informe también indica que a medio plazo estos bienes deberían moverse al tipo general, salvo en el caso de los bienes de primera necesidad que sólo se moverían al 21% si se articulan mecanismos de compensación a través de prestaciones a las rentas mas bajas. En este sentido argumentan que, como los tipos superreducidos se aplican en España esencialmente a los alimentos, su incremento afectaría muy negativamente a los segmentos de población económicamente más vulnerables. El presidente del comité de expertos, Manuel Lagares, ha sido tajante al asegurar que el IVA superreducido referido a los bienes de primera necesidad es "intocable".

El informe asegura que el efecto en España de los tipos reducidos y de las exenciones es uno de los más elevados de Europa en términos de recaudación, por lo que la comisión propone al Gobierno la eliminación de varias de esas exenciones y le anima a solicitar a la UE la modificación de las exenciones que no se encuentren adecuadamente justificadas. Así, se refiere a la eliminación de la exención del IVA referida a los servicios públicos postales, a la entrega de sellos de Correos, a los servicios de los Colegios profesionales, de las Cámaras Oficiales y de las Organizaciones patronales y las Federaciones.

Asimismo, no consideran oportuno introducir en estos momentos la opción sobre la tributación de los servicios financieros y abogan por reducir el ámbito de la exención relativa a las loterías y otros juegos de azar así como las prestaciones de servicios y entregas de bienes realizadas por los partidos políticos. Por otra parte, para los expertos fiscales el régimen del IVA de caja que entró en vigor el 1 de enero debería tener una vigencia limitada, hasta que la situación de liquidez y de financiación de las pymes haya mejorado.

Cuatro tramos del IRPF y rebajar hasta 5 puntos el más bajo

El comité de expertos propone reducir a cuatro los siete tramos del IRPF y bajar al menos cuatro o cinco puntos el tramo más bajo, que en la actualidad está en el 24,75%. Según ha explicado en rueda de prensa el presidente de la comisión, Manuel Lagares, el tipo mínimo debería situarse en las proximidades del 20%, en tanto que el tipo máximo tendría que ser inferior al 50% y aproximarse a la media europea (45%). "El Estado no puede participar más del 50% en mis ingresos, porque sería confiscatorio", ha afirmado Lagares. Asimismo, según la propuesta de nuevo IRPF el tipo más bajo para la renta sería asimismo el tipo único con el que se gravaría el ahorro.

Además, la comisión plantea de forma genérica una rebaja en la tarifa del IRPF -"a aplicar ya en 2015 para las rentas medias bajas"- atendiendo a las circunstancias personales de los ciudadanos, así como una revisión "significativa" de los mínimos personales para favorecer a las familias con hijos o ascendientes a su cargo. Según los expertos, la rebaja de tarifa ha de estar acompañada también de la "recomposición de las bases", eliminando exenciones, reducciones y bonificaciones.

Lagares ha defendido también que se baje el límite para la exigencia de declaración, ya que considera "que los mileuristas no deberían pagar impuestos" por la renta. A ello se suma la eliminación del sistema de tributación por módulos para los trabajadores autónomos y un tratamiento más homogéneo de ganancias y pérdidas patrimoniales sin distinción del plazo de obtención ni corrección por depreciación monetaria, entre otras cosas. "Para incentivar el ahorro-previsión" los sabios plantean equiparar el tratamiento fiscal de las cuentas de ahorro a largo plazo al de los fondos de pensiones, que mantienen la fiscalidad como hasta ahora.

Piden acabar totalmente en 5 o 10 años con la deducción de vivienda

Lagares ha propuesto acabar en un plazo "razonable" de entre 5 y 10 años con la vieja deducción por adquisición de vivienda. El informe indica que entre los motivos para acabar con esta deducción está el hecho de que constituye una causa importante, "como se señala por los organismos internacionales", para no reducir el endeudamiento con mayor rapidez incluso disponiendo de fondos suficientes para ello, sino hacerlo anualmente solo hasta el límite fiscalmente permitido para esa deducción.

Según los expertos, con ello se alarga artificial e injustificadamente el proceso de desapalancamiento de la economía española. Además defiende el fin de la deducción por vivienda porque puede prolongar en varias décadas la vigencia dentro del IRPF de una institución ya eliminada. A este respecto, asegura que por estos motivos debería plantearse la desaparición total de estas deducciones en un plazo razonable, lo que conduciría a establecer plazos y límites adecuados para su liquidación definitiva. Asimismo, subraya que de esta manera la protección al ahorro quedaría circunscrita exclusivamente al procedimiento establecido hoy para atender a situaciones de dependencia y envejecimiento.

Nuevos impuestos

Los expertos abogan también por incrementar progresivamente la imposición sobre el alcohol hasta alcanzar la media de la Unión Europea y consideran la posibilidad de establecer un impuesto a tipo muy reducido sobre el vino, como recientemente se ha hecho en Francia. En su informe piden al Ejecutivo que suprima además el impuesto sobre depósitos bancarios y en todo caso que no lo delegue a las comunidades autónomas. Asimismo, urge a realizar "correcciones" en el actual impuesto sobre las primas de seguros.

El estudio señala que una de las características del sistema fiscal español es el reducido peso de los impuestos medioambientales y su compleja y asistemática regulación actual, por lo que pide que se revisen los impuestos especiales, los de las grandes superficies, el canon eólico y el impuesto sobre residuos. Proponen que se iguale el impuesto que grava las labores del tabaco al de los cigarrillos y en la denominada reforma fiscal verde piden diversificar el impuesto en un gravamen sobre la energía y otro sobre el dióxido de carbono.

También equiparar el tipo del gasóleo al tipo de la gasolina en un período adecuado y utilizar la recaudación adicional para reducir las cargas estatales sobre el factor trabajo. Los expertos creen que deberían suprimirse las exenciones que tiene el impuesto sobre el carbón, aproximándose sus estructura a la del impuesto sobre hidrocarburos. En la reforma, incluyen, por otra parte, el pago de tasas por el uso de las infraestructuras de transporte y un nuevo impuesto sobre el uso de vehículos de tracción mecánica. En Madrid y Barcelona añaden que se podría regular la posibilidad de exigir tasas de congestión por la entrada de vehículos al centro de la ciudad.

En cuanto al impuesto sobre la electricidad, piden sustituir la actual base imponible, que prácticamente coincide con el importe facturado, por el número de kilovatios/hora consumidos, de modo que se incentive la eficiencia y el ahorro energético. Además, solicitan limitar drásticamente las exenciones en este impuesto. En otro sentido, los expertos solicitan eliminar el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, compensándose con la pérdida de su recaudación a través de un incremento del impuesto sobre la electricidad.

Asimismo, los expertos creen que deberían suprimirse los impuestos autonómicos sobre grandes superficies comerciales y de servicios porque tienen efectos negativos sobre la unidad de mercado, al igual que los impuestos autonómicos sobre emisiones de dióxidos de carbono, que -en su opinión- también deben suprimirse. Sin embargo, ven muy conveniente la creación de un impuesto estatal sobre depósitos de residuos de construcción, o peligrosos y que se cedería a las CCAA. De la misma forma, consideran favorable un nuevo gravamen estatal sobre emisiones atmosféricas distintas del dióxido de carbono, que también deberían aplicar las diferentes autonomías.

Proponen reducir entre 5 y 10 puntos el impuesto de sociedades

Además, la comisión plantea reducir el tipo nominal del impuesto de sociedades "de manera significativa" del 30% actual hasta el entorno del 20%, aunque sería una disminución por etapas "con una posición intermedia situada quizá en las proximidades del 25%". La propuesta de los expertos aboga por suprimir el régimen especial de las empresas de reducida dimensión "pues suele tener efectos muy negativos sobre la productividad, supone un desincentivo para el crecimiento y les impide beneficiarse de las economías de escala".

Se propone además "la supresión de la deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, la deducción por inversión de beneficios, por inversiones medioambientales, la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios y las deducciones por creación de empleo". Además, el documento plantea considerar como fiscalmente no deducible el importe de los gastos financieros netos que se deriven de un exceso de endeudamiento.

A juicio de los expertos, la existencia de dos tipos de gravamen y dos tipos impositivos en función del volumen de negocio genera desincentivos al crecimiento de las empresas, con consecuencias negativas para la productividad de la economía. Además, creen que el impuesto sigue manteniendo su sesgo tradicional en favor del endeudamiento de las empresas, dado el trato favorable que recibe la financiación mediante deuda frente a la emisión de capital. Estas deducciones, advierten, generan elevados costes recaudatorios sin apenas efectos positivos sobre la economía.

Por otro lado, la comisión aboga por eliminar algunos de los beneficios fiscales existentes para permitir una reducción significativa de los tipos legales del impuesto. El objetivo, afirman, es aproximar los tipos efectivos de gravamen a los tipos legales, de forma que se faciliten las decisiones de inversión y se impidan estrategias empresariales decididas por motivaciones fiscales.