Un año de la reforma laboral del Gobierno. Su aniversario no llega con datos muy esperanzadores: la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2012, hecha pública a finales de enero, reflejó que España cerró el pasado ejercicio al borde de los 6 millones de desempleados (26,02%), tres puntos más que un año antes, tras sumar 700.000 nuevos parados y destruir 850.500 puestos de trabajo en un proceso paralelo a la pérdida de cotizantes a la Seguridad Social. Entre la población joven, el desempleo supera el 55%.

Ante este panorama, los grupos del PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y el PNV en el Congreso subrayan el "fracaso" de la reforma laboral del Gobierno popular cuando se cumple un año de su entrada en vigor, el 11 de febrero de 2012, tras ser aprobada como decreto ley por el Consejo de Ministros. Portavoces de las cuatro formaciones han coincidido en señalar en declaraciones a Europa Press que la nueva regulación laboral ha precarizado el empleo, destruido la negociación colectiva, provocado un incremento de los expedientes de regulación, y todo sin conseguir frenar el aumento del desempleo.

La portavoz socialista de Empleo, Concha Gutiérrez, cree que el "fracaso" de la reforma se hace patente en todos los datos de la EPA, que muestran el incremento del desempleo en todos los sectores, tramos de edad, tipos de contratación y tanto ámbito privado como público. Además, considera que se ha destruido la negociación colectiva, con cada vez menos trabajadores "protegidos" por un convenio, mientras que la pretendida flexibilidad para negociar modificaciones de jornada o reducciones salariales no ha evitado los despidos. De hecho, a juicio de los socialistas esta normativa sólo ha introducido más precariedad, rebajas salariales, temporalidad en el empleo y paro, mientras se recorta la protección a los desempleados y las Políticas Activas para reincorporarse al mercado laboral. Por ello, el PSOE exige al Gobierno que cambie sus prioridades en materia económica, presente medidas para luchar contra el desempleo --de hecho han presentado un pacto de estado con medidas de choque y también propuestas a medio y largo plazo--, y retire la reforma laboral recuperando el diálogo social.

Por su parte, el portavoz de Empleo de IU-ICV-CHA, el catalán Joan Coscubiela, cree que la reforma laboral es "el gran fracaso y el gran fraude" del Gobierno porque "no sólo no ha frenado el aumento del paro, sino que se ha disparado" y, a la vez, "es la evidencia de cómo se ha engañado a los españoles" ya que la norma se presentó asegurando que "serviría para promocionar el empleo" mientras que "en realidad el gran objetivo era conseguir que el ajuste de la crisis se haga por la vía de la reducción drástica del salario"."Están intentando aprovechar la crisis para imponer el programa máximo de la derecha y ese modelo de capitalismo especulativo que prima en España", ha añadido, asegurando que esta fórmula "no sirve para mejorar la competitividad de las empresas" sino "únicamente para beneficiar al capitalismo especulativo y rapiñero que expresan los dirigentes de la CEOE y que vive al calor del poder político, explicando muy bien la endogamia entre corrupción económica y política".

Álvaro Anchuelo, de UPyD, coincide también en que "claramente la reforma laboral no ha logrado sus objetivos porque ha habido una destrucción de empleo muy fuerte tanto en el sector privado como en el público" sin haber acabado tampoco con la dualidad del mercado de trabajo. De hecho, a su juicio la nueva regulación del mercado laboral está acrecentando este problema, como demuestra el hecho de que el 90% de los nuevos contratos firmados en 2012 sean temporales. Además, cree que el "optimismo del Gobierno se basa en no se sabe muy bien qué" porque tras cinco años de crisis la destrucción de empleo sigue siendo "muy fuerte y muy acelerada", sin que existan evidencias de que la reforma ha servido para frenar ese proceso, "sino más bien lo contrario" ya que "colectivos de indefinidos ahora también están envueltos" en procesos de despido. Una situación que tampoco mejorará ni aunque se cumplan las previsiones económicas, ya que "la recuperación no será crecer al 0,3%, sino que hará falta crecer con bastante fuerza para poder absorber esa masa de 6 millones de parados".

Por su parte, el portavoz de Empleo y Seguridad Social del PNV en el Congreso, Emilio Olabarria, cree que la reforma laboral sólo ha provocado la destrucción de más empleo, como así lo demuestran los casi seis millones de parados que existen en la actualidad, y ha evidenciado que en una situación de recesión económica no se puede facilitar el despido mediante su "descausalización" ni su abaratamiento. Frente al empeño del PP de pedir tiempo para ver los efectos de su aplicación, Olabarría ha puesto de relieve "la tozuda realidad" del "espectacular" incremento del número de parados. Una realidad, ha recalcado, que "inevitablemente" se va a seguir imponiendo mientras dure la situación de recesión, e incluso cuando ésta se supere, si los índices de crecimiento no se aproximan al 2% del PIB.

Aún no se cumple un año

Finalmente, la portavoz del PP en materia de Empleo en el Congreso, Carmen Álvarez-Arenas, ha recordado que el objetivo de la reforma en este primer momento de aplicación no era "dar una solución al drama de paro", sino "frenar" el incremento de despidos dando a empresarios y trabajadores más flexibilidad para pactar medidas de competitividad sin tener que recurrir a la finalización de contratos. Según la diputada, "eso ya se está viendo" en muchas grandes empresas, que han reducido jornada o salario de forma consensuada con sus trabajadores y se están haciendo "atractivas" para inversiones muy importantes que otros países pierden, mejorando la confianza y la imagen en España. 

Además, ha defendido que el grave problema que supone el desempleo "no se afronta sólo" cambiando la normativa laboral sino con todas las reformas que está implementando el Gobierno, comenzando por la financiera, que permitirá "volver a la senda de confianza y recuperar el crédito" lo que, a su vez, permitirá reactivar la economía. Así, una vez comience a crecer la economía, se empezarán a crear puestos de trabajo.

Finalmente, Álvarez-Arenas ha puntualizado que "la reforma laboral no cumple un año" este lunes, porque la tramitación del proyecto de ley concluyó en mayo y hubo, a su juicio, "una enorme aceptación de enmiendas que modificaron el decreto". "No es un año, es menos tiempo, porque había cosas que no se aplicaron porque, al saberse que se iba a modificar la ley, no se usaron en exceso hasta saber cómo quedaban definidas finalmente", ha alegado.

La reforma laboral fue aprobada por el Consejo de Ministros el 10 de febrero de 2012 y entró en vigor tras su publicación, al día siguiente, en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Pleno del Congreso convalidó el texto en su sesión del 8 de marzo y, tras ser tramitada como proyecto de ley, el Congreso dio luz verde definitiva el 24 de mayo, con el apoyo de PP y CiU. Los sindicatos convocaron una huelga general contra esta normativa el 29 de marzo.